Declaración final del Foro Alternativo sobre Cambio Climático

Realizado el 1 y 2 de octubre de 2011 en la ciudad de Panamá con la participación de miembros de comunidades y organizaciones sociales campesinas, pueblos indígenas, afrodescendientes, académicos, estudiantes, mujeres, de la región mesoamericana.

CONSIDERANDO

«Que los pueblos del mundo nos movilizamos en la búsqueda de alternativas ante la indiferencia de los gobiernos con las necesidades de los pueblos. Que tal exclusión plantea un fuerte cuestionamiento al principio de representatividad, pues en tal condición los Estados no representan a sus poblaciones, ni podrán representarlos mientras siga el colonialismo interno de los pueblos diversos que viven dentro de las fronteras de los Estados y  la subordinación a los intereses de los poderes públicos de los Estados  a  los centros de poder político,  económico y militar: las corporaciones transnacionales e Instituciones Financieras»

«Que el carácter antidemocrático de la Conferencia sobre Cambio Climático bloquea las posibilidades de diálogo entre saberes  y  la participación de las víctimas  para encontrar soluciones reales al problema global del cambio climático, limitando las opciones a acciones que no solucionan el problema por no atender las causas políticas, económicas y culturales del mismo»

«Que la Conferencia sobre Cambio Climático reduce el problema a una escogencia de opciones  de mitigación, adaptación y financiamiento presentada en lenguajes no accesibles para la mayoría de las personas, en un ambiente burocratizado y tecnocrático, bajo un falso discurso ambientalista pero con una racionalidad estrictamente economicista en la toma de decisiones, encadenados a las asimetrías de poder de la  “comunidad internacional”,  sin considerar la justicia de las opciones y el sistema de pensamiento político y económico del cual surgen»

DECLARAMOS

«Los procesos económicos promovidos desde el sistema capitalista  depredador y contaminante se basa en violaciones a los derechos  humanos  de pueblos indígenas originarios, comunidades campesinas, pescadores artesanales y un número cada vez mayor de personas, a través del despojo y la explotación  en proyectos extractivos, energéticos o actividades innecesarias o improductivas destinadas al lucro y la satisfacción de los deseos de una minoría de la humanidad,  con consecuencias ecológicas que también atentan contra los derechos humanos de las víctimas»

«El deterioro o destrucción de la naturaleza, esencia de la vida, empobrece  la relación con la Madre Tierra, debilita visiones y conocimientos ancestrales de los pueblos, ocultos o negados por la llamada modernidad occidental, capaces de brindar respuestas reales para enfrentar la crisis climática»

PROPONEMOS

«Pensar el desarrollo y realizar las acciones tendientes al mismo, lejos del paradigma del crecimiento económico y la competencia entre países y personas, apegados al  paradigma de la economía solidaria, buen vivir, del bienestar y realización integral del ser humano en armonía con la comunidad y la naturaleza.  En tal sentido, rechazamos el desarrollo de proyectos extractivos y energéticos contaminantes y no orientados según los principios antes mencionados»

«Pensar la  política como la necesidad de construir  democracia  real para atender efectivamente los problemas de la comunidad, y la democracia como la participación de las personas y los pueblos, la cual es imposible sin la realización de todos los derechos individuales y colectivos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, respetando los derechos de la Madre Tierra que es la base de toda posibilidad humana»

descargue completa la Declaracion final del Foro Alternativo sobre Cambio Climatico en Panamá, 1-2 de Octubre 2011

Democracia y Derechos Humanos

¿Qué son los derechos humanos?

¿Qué es democracia?

¿Por qué se mencionan ambas ideas en las luchas sociales?

¿Serán parte de una agenda política oculta?

¿Acaso se dedican los defensores de los derechos humanos únicamente a defender delincuentes?

¿Pueden respetarse los derechos humanos sin un gobierno democrático?

¿Por qué se violan los derechos humanos?

¿Qué derechos humanos se pueden sacrificar en nombre del desarrollo?

Éstas y otras interrogantes serán debatidas abiertamente entre todos los asistentes al primer Espacio de Debate, el próximo sábado 16 de julio de 2011 desde las 5:00 pm, en ESPACIO COMÚN, calle 4a San Felipe, en el antiguo Colegio Santa Familia.

PRONUNCIAMIENTO AL PAIS DE LA ASAMBLEA CIUDADANA

Son muchos los problemas y preocupaciones que hoy vivimos y sufrimos la mayoría de los panameños entre ellos la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, el alto precio de la gasolina y la pesadilla del transporte público, el acceso al agua potable.

Mientras la mayoría ciudadana reclama respuestas a estos  problemas, los políticos en el gobierno concentran todas sus energías en discutir la segunda vuelta electoral para mantenerse y concentrar más poder, olvidándose que la política es el arte de trabajar por el bien común.

Adicional a los problemas de la cotidianeidad, existen otros temas que merecen la atención de todos los panameños, ya que tiene que ver  con los derechos humanos y con la salud  de nuestra democracia.  Si no hay justicia y respeto a los derechos humanos no puede haber paz, que es al final de cuentas  lo que todos los habitantes de la República aspiramos. 

SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Como Asamblea Ciudadana no podemos quedarnos callados ante la situación que hoy viven los pueblos indígenas de Panamá, que son precisamente los más empobrecidos:

+No se nos olvidan los asesinatos, los heridos graves, las consecuencias funestas de los hechos de julio 2010, en Changuinola. Todavía no hay ningún responsable de tan execrables hechos.

+El pueblo Ngäbe, Buglé y Campesino sigue luchando por impedir la impuesta, ilegal e inconsulta hidroeléctrica del Tabasará.

+El pueblo Ngäbe de Riscó (Almirante) está sufriendo desde hace años el desalojo, arrinconamiento, discriminación por parte de la empresa AES con la represa Chan-75. En estos días están a punto de inundar sus tierras.

+El pueblo Naso sufre desde hace años el despojo de tierras y ahora tiene encima otro macro proyecto (Hidro-Teribe) que le causará muchos más daños.

+El pueblo Emberá de Arimae no sólo ha sufrido despojo de tierras y recursos sino que ahora tiene que luchar en la calle por defenderlos.

+¿Y el pueblo Kuna de Madungandi? Llevan más de 30 años de protesta por el despojo de sus tierras y recursos? ¿Qué se va a hacer?

+¿Y la aprobación –tan anunciada- del Convenio 169 de la OIT? ¿Para cuándo? 

Exigimos respeto para nuestros pueblos originarios.

LAS VÍCTIMAS

Las victimas de la masacre de Changuinola, Los internos quemados en el centro de menores, los muertos y afectados por la ingesta de  dietilenglicol y todas las victimas de la irresponsabilidad negligencia estatal y de la violencia, en especial las mujeres, siguen cargando con las consecuencias tanto físicas como psicológicas, sin que el Estado le brinde una respuesta justa, equitativa y humana a sus necesidades y demandas sin que el sistema de justicia responda adecuada y oportunamente.

Se hace necesario crear con urgencia un fondo de apoyo económico e indemnización a las victimas y servicios de salud gratuita, atención sicológica, ayuda material y legal a todos estos panameños y panameñas.

LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y CULTURAL

Denunciamos el agudo deterioro que gran cantidad de proyectos, están  ocasionado al ambiente  en general y en especial a los recursos naturales, principalmente al agua a nivel nacional, permitido impunemente por nuestras instituciones y gobernantes, por lo que hacemos un llamado a todos los panameños, a frenar los daños al ambiente y mejorar el actual sistema, mediante la plena participación ciudadana en las decisiones del Estado, para evitar que la inversión pública y los negocios privados irracionales y contra el ambiente, prevalezcan sobre la vida digna de nuestro pueblo. 

Consecuentes con nuestro principio, que toda actividad del Estado, debe responder a la mejor calidad de vida y la integridad de la dimensión ambiental  del país, denunciamos y nos oponemos firmemente a la forma inconsulta, prepotente y violatoria de los derechos humanos, mediante la cual el poder ejecutivo,  las empresas eléctricas y de minería están procediendo contra los pueblos originarios y los recursos naturales,  entre ellas las hidroeléctricas, Chan 75, Barro Blanco y las mineras de Petaquilla,  Cerro Colorado, Cerro Chorcha y Cerro Quema, a las cuales se oponen en forma digna y ejemplar los pueblos originarios.

De igual manera exigimos al Ministerio Público una prolija investigación sobre las denuncias hechas en los medios de comunicación social sobre el manejo y la manipulación de los desechos tóxicos hospitalarios en el país, lo que puede producir enfermedades fatales a la población.

LOS MEGA PROYECTOS

Hacemos un llamado al Ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, para que suspenda el proyecto de la Torre Financiera porque, lejos de resolver la crisis social y económica del pueblo panameño, representa una amenaza irrefutable al Hospital Público más importante del país. Además de ser una obra con intereses claramente privados y con efectos destructivos del entorno ambiental de la Ciudad de Panamá, al igual que la Cinta Costera III, que atentan contra el patrimonio nacional y mundial que es el Caso Antiguo y otros megaproyectos, que solo están pensados a favor del «crecimiento económico» y no de la calidad de vida, el patrimonio, histórico y cultural, así como los valores de nuestra identidad pluricultural del ser panameño y de los derechos humanos de los ciudadanos.

INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

Es decepcionante como sigue imperando en Panamá el clientelismo y nepotismo  político cuasi institucional en todas las instituciones públicas. La excesiva  centralización en todos los aspectos económicos  del Estado incluida el exceso de contrataciones directas que solo permite incrementar la inequidad, el abuso, la inseguridad jurídica  y la  falta de trasparencia en la actuación de todos los órganos del Estado. 

JUSTICIA

Rechazamos la forma como se sigue seleccionando a los magistrados de la Corte suprema de Justicia desconociendo los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia.  La escogencia de personas vinculadas al Órgano Ejecutivo solo  traerá más percepción de politización de la administración de justicia y profundiza la crisis en la que está sumergida la justicia panameña, lo cual favorece la criminalidad y la inseguridad jurídica.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Gobierno, luego de casi dos años de gestión, sigue sin tener una hoja de ruta en materia de corrupción.  No ha habido avances en materia de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas y de la Convención Interamericana contra la Corrupción, sin embargo, ante los escándalos como el denunciado en la Dirección de Migración, el Ejecutivo en vez de reconocer la debilidad institucional de esta dependencia del Estado, y los abusos que se cometen en la misma so pretexto de potestades discrecionales mal utilizadas, decide salir en defensa de lo indefendible y desconocer la corrupción generalizada que existe en ésta y en otras instituciones del Estado. 

Es alarmante el escándalo de posible infiltración de dinero de blanqueo de capitales en la pasada campaña electoral, sin que hasta ahora veamos una actuación del Tribunal Electoral  y el Ministerio Público. Es obligante que la Asamblea de Diputados apruebe como parte de las reformas electorales el control del financiamiento privado y el tope a los gastos de campaña, para evitar que esto se vuelva a repetir en la próxima campaña electoral. 

El Ministerio Público, el Consejo de Transparencia contra la Corrupción y la Defensoría del Pueblo deben dar seguimiento a las denuncias de los últimos meses sobre corrupción de funcionarios públicos, denuncias sobre peligros a la salud de la población.  Al igual que seguimos a la espera de las investigaciones que se siguen por la posible infiltración de narcotráfico en el Ministerio Público.     

LAS LIBERTADES.

Tenemos que rechazar enérgicamente el acoso y la campaña de desprestigio y anónimas contra activistas de sociedad civil y periodistas. La libertad de expresión debe ser respetada y todos los panameños debemos exigir una prensa libre que denuncie la corrupción. Abogamos por el fortalecimiento del periodismo investigativo.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Hacemos un llamado a la comunidad universitaria y especialmente a sus profesores  a revisar lo que está sucediendo en la casa de Mendez Pereira. Es lamentable que un proceso que debe ser democrático y de altura para ejemplo de todos los panameños tenga hoy tantos y tan serios cuestionamientos. La Universidad de Panamá debe ser ejemplo de democracia, transparencia y libre juego de ideas. Esperamos unas elecciones absolutamente donde no se usen los recursos públicos a favor de ningún candidato y un voto a conciencia y por Panamá. La universidad también debe ser verdadera conciencia crítica de la nación y no lo está siendo.

ANTE EL LLAMADO DEL EJECUTIVO PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Rechazamos la propuesta que las clases políticas nos quieren ofrecer: “una reformas más”, por tanto, nos comprometeremos a profundizar las condiciones para que logremos tener una Nueva Constitución

La Asamblea Ciudadana somos conscientes que el país ha definido la necesidad de dar pasos decididos para un verdadero proceso de una constituyente que establezca las bases  del pacto político y social y determine las relaciones del poder público y las relaciones con los ciudadanos. 

Entendemos que este poder Constituyente se caracteriza por ser un poder originario, pues solo pertenece al pueblo, quien lo ha de ejercer de manera directa o por medio de las representaciones que elija. Entendemos además que es un poder inalienable, consecuente con su origen en la soberanía popular.

Como tal el proceso constituyente ha de atravesar por distintos momentos hasta concretar todas las condiciones necesarias para que dé origen a ese nuevo Pacto Social que ha de concretarse en una Nueva Constitución que consagre las nuevas relaciones sociales y políticas, con sus nuevos estructuras coherentes con la democracia participativa y deliberativa por la que apostamos como ciudadanos y ciudadanas panameño/as

Insistiremos en producir un debate abierto, trasparente que nos ayude a definir los grandes temas que como sociedad queremos producir un nuevo Pacto social para una nueva sociedad.

Panamá, 28 de mayo de 2011.

 

El guerrillero, hoy

Bajo la sombra de Victoriano Lorenzo murió una patria y se levantó un mito. Meses después de su asesinato se resolvía que la “independencia era absolutamente indispensable para llegar a la meta de la felicidad”. Se reclamaba que los “grandes e incesantes agravios… en vez de ser atendidos…se agravan con persistencia y ceguedad” y en respuesta al centralismo se decidía que era “el momento de desatar vínculos” que producían infelicidad, “contrariando y haciendo completamente nugatorios los fines de la sociedad política”.

No se trata de creer en el discurso político, pero allí está, demostrando que el proyecto de organización social ejecutado desde entonces tiene consecuencias tan distintas para grupos tan diversos de la población panameña, que el discurso en alguna medida podría ser repetido por quienes siguen en las luchas contra el conservadurismo con disfraz liberal, nacionalista o progresista, ignoradas por todos los gobiernos, utilizadas por todas las oposiciones.

Como hace más de un siglo, el grupo humano del cual formó parte Victoriano Lorenzo y las clases sociales a él vinculadas, siguen aspirando al objetivo de la felicidad, a que los agravios sean atendidos y no agravados ciega y persistentemente. Se hace sentir en la defensa de las tierras y aguas, porque son la vida que le arrebataron, lucha por condiciones dignas de trabajo y una distribución justa de esfuerzos y bienestar para sus descendientes, se moviliza por educación permanente y de calidad, camina entre los que siguen buscando autonomía para poder existir como pueblos.

El final del guerrillero nos advierte la necesidad de autonomía en la organización de las comunidades indígenas y campesinas, así como de los sectores populares, afectados por políticas de despojo. Porque nadie puede representar mejor los intereses que el directamente interesado en su relación con gobiernos y otros sectores como sociedad civil, movimientos sociales y partidos políticos, representantes de la ciudad acomodada que nunca salvarán al campo, la comarca y el suburbio, y si hoy los considera es en la medida que se han manifestado y a la fuerza abren y exigen espacios de participación en defensa de sus derechos.

Esa autonomía debe extenderse a la lucha política, desde lo local, y por la transformación del valor de lo regional frente al poder central dentro de la organización y administración del territorio del Estado. Aunque parezca una necesidad para obtener algunos resultados inmediatos, no conviene incorporarse a la lucha política subordinados a fuerzas políticas tradicionales, centralizadas alrededor de la ciudad de Panamá y las áreas funcionales al país transitista, tampoco con alternativas que no entiendan esa necesidad de transformación de la estructura del Estado como fundamental en un proceso liberador.

En el primer caso, tales estructuras absorben y reflejan reclamaciones, pero como parte del sistema de poder no tienen interés ni capacidad de responder adecuadamente, truncando posibilidades a mediano y largo plazo. En el segundo caso, los cambios necesarios no son sólo de nombres y siglas, ni el despojo es más o menos aceptable según la orientación ideológica, declarada o real, negada o aceptada, de quien la alegue o la practique. El discurso alrededor de la idea de un Estado todopoderoso, hasta el momento compartido por todos estos actores del sistema político, sirve de articulador de las políticas actuales de despojo sobre los sectores cíclicamente despojados desde 1903, desde 1821, desde 1501.

Segundo, morir en la pelea, peleando, es suficiente motivo para recordar al guerrillero y buscar guía en su ejemplo. Hace años ya que en este país, la práctica política se conduce entre la negación de fines trascendentes y la negociación de los principios -cuando se han tenido- y se limita a la obtención del poder gubernamental para beneficio de círculos cercanos, prefiriendo complacer embajadas y gremios empresariales antes que consultar comunidades y ciudadanía. Victoriano nos da el honor de tener en nuestras filas uno de esos escasos ejemplos del único liderazgo que sirve, de una sola cara y comprometido hasta la muerte con su gente y sus aspiraciones.

La libertad y el orgullo de un país no se construyen sometiendo a quienes tienen visiones diferentes, como quienes hoy continúan luchando y aspirando a su felicidad. Es tiempo para derribar un mito y construir una patria, que no es únicamente crecimiento económico, sino humanidad.

Ramón H. Benjamín M.

Manos & Cerebros

El retroceso de la democracia en Panamá

PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Conscientes del papel que tienen  los ciudadanos y ciudadanas del país en la construcción y fortalecimiento de la democracia, señalamos a continuación de manera cronológica, los hechos que han ocurrido durante  el año 2010, que afectan los derechos humanos. Lo primero que afecta la institucionalidad democrática y los controles y contrapesos que deben existir en un Estado de Derecho es el afán del   Órgano Ejecutivo de querer controlar los otros poderes del Estado, así como una política de permanente confrontación con la sociedad civil organizada, demostrando poco respeto por la democracia participativa.

Presentamos el siguiente recuento de algunos de los hechos que han afectado y afectan los derechos humanos y la institucionalidad democrática del país:

1. La exclusión de la sociedad civil del Consejo Nacional de Transparencia creado por el Decreto Ejecutivo 179 del 27 de octubre del 2004.
2. La eliminación de facto de la carrera administrativa, creada por la Ley 9 del 20 de Junio de 1994, lo que facilita el nombramiento por clientelismo político y  ha provocado despidos masivos en el sector público.
3. Las escuchas telefónicas sin autorización judicial, validadas por el  Decreto Ley 51, del 18 de septiembre de 2009.
4. El aumento de las penas a los menores,  la rebaja de la edad de imputabilidad del menor de edad a 12 años, mediante Ley 6 de 8 de marzo 2010 y la reforma que estableció la detención preventiva ilimitada del menor, que viola garantías establecidas en  la  Convención de los Derechos del Niño.
5. La creación del Consejo de Seguridad, mediante, Decreto ejecutivo 263 del 19 de marzo de 2010, con más poderes que los decretos de seguridad que fueron tan criticados en el anterior gobierno.
6. La escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, obviando los procedimientos y recomendaciones de la comisión evaluadora para la escogencia de magistrados creada por el propio presidente.
7. La criminalización de la protesta social con penas de 6 meses a 2 años, mediante, la Ley 14 de Julio del 2010.
8. La destitución de la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, a través de un proceso politizado y muy cuestionado desde el punto de vista jurídico  y que concluyó  con una sanción desproporcionada e ilegal, al triplicar su periodo de inhabilitación de funciones como pena accesoria.
9. El nombramiento impropio de un  Procurador suplente  mediante la Resolución 10 del 8 de Enero del 2010, violentado los requisitos que establece la Constitución para ocupar este cargo.
10. El indulto ilegal otorgado a agentes encargados de hacer cumplir la ley, por la Resolución Ejecutiva 434 del 9 de octubre de 2009, y los recientes indultos a agentes condenados por maltrato de reclusos.
11. La aprobación de la “Ley Chorizo”, Ley 30 de 16 de junio del 2010, que pretendió desconocer derechos adquiridos de los trabajadores y otros derechos humanos,  lo que provocó violencia y confrontación innecesarias en la sociedad panameña.
12. El Decreto Ejecutivo 537 de 2 de junio del 2010, que impone un sistema de elección a las autoridades tradicionales de nuestros pueblos originarios Ngöbe y Buglé con la convocatoria a elecciones violentando lo dispuesto por las autoridades tradicionales, lo que  provocó el mayor abstencionismo en la historia de las elecciones en  dicha comarca.
13. La negación del Estado panameño en ratificar el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
14. La violación flagrante a los derechos humanos y a las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre el uso racional de la fuerza, al utilizar perdigones de plomo para reprimir las protestas, que se dieron en la provincia de Bocas del Toro en julio pasado, que tuvo como consecuencia la muerte de trabajadores, la perdida de la visión de más de 50 personas y las lesiones corporales de muchos. (ver Human Rights Report Changuinola July 7-11 2010, Informe de la Defensoría del Pueblo e Informe de la Comisión nombrada por el Consejo de Gabinete).
15. Las detenciones de más de 300 personas que se dieron el 10 de julio del 2010 durante las manifestaciones y reuniones de organizaciones sindicales y gremiales, violando los artículos 21 y 22 de la Constitución, que estipulan que todas las personas al momento de su detención deben ser informadas de las razones de su detención y que podrán ser asistidos por un abogado.
16. El hostigamiento  a los miembros de algunas  organizaciones de la sociedad civil y gremios de periodistas, utilizando intimidaciones verbales a través de “amigos”, coacción a directivos de los medios e inspecciones fiscales (ver declaraciones públicas de Alvaro Alvarado, Guido Rodríguez y Guillermo Antonio Adames). Todo esto afectando el derecho a  la libertad de asociación y de expresión.
17. La utilización de instancias gubernamentales como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, para intimidar a todo aquel que emita una opinión contraria a los designios del gobierno. (Ref. auditorias a Medcom, Panamá América, Omega Radio, y sindicatos diversos).
18. El otorgar asilo territorial a una investigada en Colombia, por un delito penal de escuchas telefónicas ilegales y otros delitos de lesa humanidad, aduciendo una “decisión soberana del Estado Panameño”, lo que evidencia una doble moral frente a la enérgica condena emitida contra la Procuradora por haber autorizado una escucha telefónica en un caso de extorsión por parte de un subalterno del Ministerio Público.
19. La propuesta de modificaciones al Código de Minas para permitir el usufructo de la riqueza minera nacional por parte de Estados extranjeros, sin contemplar el interés superior de la nación y sin la participación de las comunidades originarias, los grupos ambientalistas y la ciudadanía en general.
20. La promoción y aprobación de proyectos mineros metálicos que provocan la fragmentación del Corredor Biológico Mesoamericano, causando  daños permanentes a sus ecosistemas. Esto a través de la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental que no reúnen los requisitos básicos necesarios para mitigar y compensar los impactos negativos adecuadamente, y reducir al mínimo los riesgos ambientales.
21. La desatención del gobierno a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en protección de indígenas panameños, violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
22. La inadecuada gestión de las áreas protegidas del país, que propicia, entre otros, la afectación de humedales de importancia internacional, incumpliendo la Convención Ramsar, ratificada mediante Ley 6 de 3 de enero de 1989.
23. La violación a las regulaciones de la UNESCO en el Casco Antiguo, con la extensión de la cinta costera, en lo que respecta a la protección de las zonas consideradas como Patrimonio de la Humanidad.
24. Lo sucedido durante el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, por sus implicancias adversas para el conjunto de la sociedad panameña, y con el particular impacto negativo que los resultados tendrán para la población afrodescendiente del país.
25. No se ha previsto los recursos financieros o humanos necesarios para la efectiva aplicación de  la Ley de Igualdad de Oportunidades y la  Ley 4 de 29 de enero 1999. El Decreto Ejecutivo #52 de junio de 2002 que la reglamenta, no establece mecanismos de control efectivos, ni sanciones, ni incorpora estructuras destinadas a la presentación e investigación de denuncias por casos de discriminación contra la mujer (ver Informe de la CEDAW del 5 de febrero del 2010).

A todo esto debemos agregar algunos compromisos de Estado incumplidos:

• La postergación del sistema penal acusatorio
• La postergación de la descentralización municipal y la Ley de participación ciudadana.
• La falta de seguimiento a los acuerdos  de la Concertación Nacional y de la Comisión de Estado por la Justicia.
• El no respeto a los espacios de consulta como la Comisión Nacional de Reformas Electorales
• La falta de seguimiento a los acuerdos de Changuinola con respecto a las personas afectadas.
• La destrucción de los cursos de aguas y ríos para la construcción de hidroeléctricas sin planificación ni sustentación técnica alguna.

• El incremento de la canasta básica.
• El aumento de la inseguridad ciudadana.
• La falta de medicamentos y de atención en la Caja del Seguro Social, particularmente a los afectados por el Dietilene glycol.

• La eliminación del control previo como mecanismo básico para fiscalizar los gastos del Estado.

Todos estos son síntomas y signos del debilitamiento de la democracia que  debe invitarnos a reflexionar sobre los que está sucediendo con nuestras instituciones y con los valores democráticos del país y frente a lo cual permaneceremos vigilantes.

Los derechos humanos son irrenunciables y para que exista plena vigencia de estos derechos es importante tener Órganos del Estado que funcionen separadamente y que exista una prensa libre y una sociedad civil que pida cuentas y cuestione los abusos de poder.

Dado en la ciudad de Panamá a los 9 días del mes de diciembre del 2010.

Derechos Humanos en Panamá (Palabras de Introducción al 3er Foro Ideológico)

Acorralados entre las amenazas de despidos y aumento en el ritmo de explotación, atacados por la represión y obstaculizados por sindicatos manejados por la empresa, tras décadas de intentos por establecer una organización representativa de los trabajadores, en 1960, encabezados por un Comité de Huelga en la clandestinidad, los obreros bananeros de Bocas del Toro suspendieron labores, junto a los compañeros del Pacífico, rompiendo al fin con el cerco a la formación de sindicatos, logrando con su acción arrancar mejores condiciones de vida en los enclaves de la United Fruit, establecidos desde la separación de Panamá de Colombia.

Casi 6 meses antes de aquella separación era asesinado el único líder honestamente vinculado con las reclamaciones de los sectores más explotados del Istmo, Victoriano Lorenzo, antecedente necesario de todas nuestras luchas populares y quien en su sangre tenía la dignidad de quienes en su inmensa mayoría nunca se rindieron y optaron por adentrarse en las montañas o morir, desde aquel primer encuentro en 1503 que luego condujo al genocidio en todo el continente y a la realidad actual de más de 5 siglos de exclusión cultural, económica y política.

Siglos durante los cuales llegaron los negros del África sometidos a la esclavitud, principalmente en las primeras formas de la ruta entre los 2 mares, de donde nacen historias de cimarrones y palenques, en la construcción del Canal y en plantaciones. Hay que añadir una invasión militar en 1989 y la progresiva reducción de los derechos económicos y sociales desde hace décadas.

Antonio Smith y Virgilio Castillo, por lo menos, son los últimos nombres que se suman a la lista de manera notable, víctimas del autoritarismo y la prepotencia de un gobierno. Acompañan a Al Iromi Smith, Osvaldo Lorenzo y Luigi Arguelles, asesinados en el gobierno anterior, al pueblo Naso en lucha por su territorio, al pueblo Kuna defendiendo su autonomía, a los Ngäbes, a los ecologistas que defienden la naturaleza y el derecho a un ambiente sano, a las comunidades afectadas por proyectos mineros, hidroeléctricos o turísticos residenciales.

No es la intención iniciar con una exposición histórica ni reclamar específicamente sobre culpables (aunque hay que hacerlo: más que irresponsablemente al no ser víctima, pedir «olvido, pasar la página y ver hacia adelante»). La intención es prevenir desde un inicio contra el peligro de enfocar el tema de los derechos humanos estrictamente en la coyuntura: el actual gobierno autoritario, concentrador de poder, violador de derechos, abusivo, discriminador y asesino, actuando alrededor de una o varias leyes o decretos, perdiendo de vista el carácter estructural de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, es más, la construcción del modelo de país que tenemos a partir de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El tema de derechos humanos no surge directamente de las inquietudes expresadas en foros anteriores, aunque tampoco le resulta extraño. Nace directamente de la coyuntura, y allí radica tanto su virtud como su peligro, de los sucesos ocurridos en julio de 2010 en Changuinola, junto a las persecuciones de dirigentes sociales en todo el país a raíz del conflicto por la existencia, contenido y aplicación de la Ley 30 en materia laboral, ambiental y de procedimiento penal a miembros de la Fuerza Pública, y el Decreto 537 que modifica la carta Orgánica de la Comarca Ngäbe Bugle, síntomas de una transición desde formas democráticas sin fondo democrático hacia formas violentas de mantener un modelo históricamente violento y poco democrático. El problema de fondo no es la ley, el problema de fondo es el modelo al cual la ley sirve.

Pero por qué tratar el tema de derechos humanos en un espacio llamado foro ideológico, ¿no es acaso contaminar con la política un pliego de buenos deseos para la humanidad?

Definitivamente no, porque los derechos humanos no son solamente una lista de buenos deseos, ni patrimonio exclusivo de burocracias nacionales ni internacionales, ni de aquellas organizaciones no gubernamentales de porcelana que no se atreven o no le conviene meterse en el centro del huracán, a confrontar directamente allí donde se decide vulnerar un derecho.

Los derechos humanos son el producto, llevado al mundo de lo jurídico, de aquellas luchas sociales que acompañadas de una visión sobre el ser humano, la sociedad, la naturaleza, nos han llevado para bien y para mal a este momento en que nos encontramos y del cual tenemos que tomar lo mejor para avanzar.

Los derechos humanos nos pertenecen, no son el obsequio de ningún gobierno, de ningún mandatario, quienes sí tienen la obligación de respetar y proteger tales derechos, donde entra la cuestión de la calidad del desempeño de los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) e instituciones (Defensoría del Pueblo, ministerios y tribunales específicos) en cumplir con tales obligaciones legales frente a toda la ciudadanía, para poder decir que vivimos en un verdadero Estado de Derecho, que es más que aquel en que el gobierno se dicta las leyes a su antojo e interés para luego decir que cumple la ley que el mismo se ha hecho a la medida, más que decir que tenemos una constitución que se cumple o incumple dependiendo de quien se beneficia, más que formalmente democrático, porque no toda elección mayoritaria es la mejor y así como las minorías no pueden imponer a la mayoría, tampoco éstas pueden someter a aquellas con el simple argumento de la cantidad.

Un verdadero Estado de Derecho es aquel en que se consagran, respetan y protegen los derechos humanos de la gente. Cosa que nunca hemos tenido ni estamos en camino de tener, esencial para que los seres humanos no se vean compelidos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, como advierte el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Otros muchos y variados elementos del discurso político dominante hay que desmitificar: que la democracia son elecciones, que la democracia es posible con ciudadanos sin derechos, que el Estado somos todos cuando las leyes y las instituciones se usan en beneficio de algunos, que el progreso está a 6 kilómetros en Bonyik, que desarrollo equivale a hidroeléctricas y minería, que somos algo distinto o superior al río, el bosque o la montaña, que el derecho es igual a justicia, que la ley es justa y hay que obedecerla aunque salgamos perdiendo para que otros ganen, que somos libres porque podemos circular aunque no tengamos la libertad de ejercer libremente nuestras libertades, deberes y derechos.

¿Por qué hablar de derechos humanos en un espacio llamado foro ideológico, invitando a considerar abiertamente su dimensión política? Porque la dignidad humana siempre ha estado alejada de la política en el país: no hay que olvidar también que negros, indígenas, asiáticos y otras razas prohibidas, fueron víctimas de la discriminación en el discurso y la práctica política de Arnulfo Arias Madrid. Que la intolerancia ideológica estuvo presente en José Antonio Remón Cantera y retoma su fuerza en el tiempo actual. Que se dieron desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante los gobiernos de Omar Torrijos y Manuel Antonio Noriega.

El problema de los derechos humanos no es una ley, es una ley que facilita la desposesión como parte de un modelo que se basa en utilizar el poder para desposeer sectores sociales de sus derechos ambientales, laborales, su derecho a la tierra y la protesta, su capacidad de resistencia ante el despojo en beneficio de grupos reducidos.

Un modelo también ejercido sobre otros pueblos del área, como darán testimonio los compañeros de Honduras y Costa Rica, desde realidades distintas, pero que nos demuestran el carácter regional y general del desprecio a la dignidad humana, la posibilidad de incorporar a nuestras luchas una perspectiva de derechos humanos, en lo político, en lo jurídico, en las calles, en los tribunales, en las montañas y en los medios de comunicación, así como la necesidad de reconocer que cada uno por separado en parcelas dentro de nuestros países y entre nuestros países, no podremos triunfar en una lucha contra un enemigo mayor a cada una de nuestras individualidades.

Dentro de los foros ideológicos se ha tratado el tema de la participación de los jóvenes en política y de la relación entre ésta y la ecología, ambas circunscritas al ámbito nacional, bajo la modalidad de diálogo entre el público y miembros de movimientos sociales, partidos políticos, colectivos, grupos estudiantiles, organizaciones temáticas, con el objetivo de establecer un espacio de relación entre sectores con contradicciones y puntos en común propios de la dinámica social y política del país, sin el afán de proclamar la unidad ni la uniformidad, sino simplemente conocer al otro para establecer las bases de puentes posibles.

Bienvenid@s tod@s, muchas gracias.

(1) introducción realizada por Ramón H. Benjamín M., de Manos & Cerebros
(2) foro realizado el 1° de octubre de 2010, en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, en Changuinola, Panamá

Tercer Foro Ideológico: Derechos Humanos en Panamá



CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO-CHANGUINOLA

1 de septiembre de 2010

3:00 p.m.

ENTRADA LIBRE

El catálogo de derechos humanos es el producto histórico de movilizaciones sociales que alimentaron con sus valores y conceptos del ser humano y la sociedad, a lo mejor de las vertientes ideológicas modernas occidentales. Confrontado con la globalización del derecho de las corporaciones, demuestra al mismo tiempo utilidad para las luchas por la emancipación social y necesidad de nuevas elaboraciones y desarrollos que reflejen la …s visiones del mundo de una diversidad de nuevos actores sociales que emergen al espacio público, manteniendo los principios de universalidad, interdependencia, integralidad e indivisibilidad.

La conducta del Estado panameño ante su obligación de brindar protección a tales derechos a toda persona bajo su jurisdicción es el tema del tercero en la serie de foros ideológicos realizados este año, espacio concebido para desarrollar el diálogo abierto entre diversos sectores, en su mayoría jóvenes relacionados con izquierdas políticas, organizaciones sociales, comunitarias y temáticas vinculadas a los temas de mayor trascendencia en nuestras regiones, en nuestros tiempos.

Su realización en la ciudad de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, desde luego tiene una carga simbólica por haber sido el escenario de los enfrentamientos ocurridos entre el 7-11 de julio de este año, a raíz de la existencia, contenido y aplicación de la Ley 30 de 2010, durante los cuales se registraron violaciones a los derechos humanos, desde la vida e integridad personal, hasta la protección a la famlia y menores de edad, con un fuerte componente de discriminación por motivos étnicos y de origen socioeconómico, según las investigaciones de distintos organismos vinculados al tema.

Sin embargo, el impacto de la coyuntura no debe provocar un desenfoque en el análisis profundo del tema de nuestro foro: el contínuo histórico, en todos los períodos de nuestra historia, de violaciones a los derechos humanos sobre el cual se realiza un país marcado por la abundancia material en contradicción con las condiciones de gran parte de la población que sobrevive con la negación en mayor o menor grado de sus derechos como individuos, como miembros de colectivos humanos, como ciudadanos; y el peso del modelo económico y político centralizado en el sector comercial, financiero y de servicios en general, y los grupos humanos que lo dominan, ligados históricamente a las actividades relacionadas con la zona de la ruta interoceánica, en la realización de tales violaciones.

Visto así, la Ley 30 junto a otros desarrollos legales e institucionales son solamente el instrumento para que un modelo necesitado de transformaciones profundas se mantenga, para convertir los espacios de vida (agua, bosques, comunidades, conocimientos tradicionales, trabajo, entre otros) en mercancía y profundizar el papel de la ideología del mercado como único orientador de la sociedad, a costa de los derechos laborales, ambientales y sociales (es decir, el bienestar y la calidad de vida) de la mayor parte de la población, en el campo y la ciudad, en las comarcas y en los barrios marginales.

En este foro se aspira a fortalecer, a través de la acción de compartir saberes, experiencias, realidades y expectativas, el contenido concreto de los derechos humanos para el movimiento social como instrumento de evaluación al poder y el discurso político que lo ignora o lo usa demagógicamente, como medio de confrontación a la arbitrariedad y construcción de alternativas, además de criterio orientador para la conducta de quienes puedan ocupar espacios de decisión política y por tanto incidir sobre las vidas de la población, para que las luchas sociales -ojalá- no se pierdan en el oportunismo electoral y se olviden en el gobierno.

Otra política es posible.

Conversatorio sobre Ley 30 de 2010

El conversatorio sobre la Ley 30 de 2010, fue organizado con el objetivo de compartir información y perspectivas entre diferentes sectores estudiantiles de la Universidad de Panamá, aquellos vinculados a la movilización social de forma orgánica o individual, y los estudiantes en general, sobre el conflicto surgido a raíz de la aprobación de la mencionada norma, su proceso de formación, contenido jurídico y consecuencias, especialmente en materia de derechos humanos, además del contexto social y político en que se desarrolla, ubicando puntos de convergencia y diferencias significativas.

Expusieron Jonathan Gordón (Fer-29), Orestes Arenas (PAT), Carlos Bichet (MJP) y Joao Quiróz Govea (Manos & Cerebros). El primero forma parte de Frenadeso, los dos siguientes de ULIP y el Partido Alternativa Popular. A continuación un resumen no exhaustivo de las participaciones.

Gordón señala la incoherencia entre los objetivos de la ley en su versión original (promoción de la aviación comercial) y la serie de modificaciones que introduce al ordenamiento jurídico, la ausencia de participación y las irregularidades en el debate legislativo que conducen incluso a cuestionar su constitucionalidad. Menciona igualmente las consecuencias sobre una institucionalidad ambiental ya débil y sobre los derechos a la vida y la protesta por reivindicaciones de carácter social.

Sostiene que el diálogo se ha producido fuera de tiempo, es limitado y carece de credibilidad, al tiempo que se utiliza el caso de Valentín Palacios, desaparecido en los sitios y durante los días de protesta, en condiciones aún no aclaradas, para desarrollar un clima de persecución contra las dirgencias populares y de la sociedad civil.

Arenas ubica antecedentes al conflicto en medidas que buscan la permanencia de un modelo, como la incorporación de las funciones de investigación penal en la Policía Nacional con la creación de la DIJ en reemplazo de la PTJ, la Ley 14 de 2010 conocida como Ley Carcelazo, y el control de los medios de comunicación, violentando el derecho de la población a la información, como evidencia la nula cobertura de las acciones de la empresa y las movilizaciones masivas en Changuinola antes de la explosión de la violencia.

Destaca un cambio de objetivo en los ataques de la alianza gubernamental, tradicionalmente concentrado en el PRD, hoy con una tendencia creciente hacia las movimientos populares y alternativos, como síntoma de crecimiento de éstos en el escenario público político. Llama la atención sobre los obstáculos puestos por los funcionarios de gobierno a la investigación de los sucesos, el discurso altamente discriminatorio y contra la dignidad humana de las víctimas de violaciones gravísimas a los derechos humanos, y concluye con la necesidad de mantener las acciones de protesta y comunicación, así como la necesidad de construir un instrumento político que evite el oportunismo de los partidos políticos tradicionales que capitalizan electoralmente el descontento y sacrificio social pero no sostienen las reivindicaciones.

Bichet califica de aberración jurídica la Ley 30, en cuanto a la técnica legislativa, su contenido y aplicación, violatorio de la constitución y el reglamento interno de la Asamblea Nacional, muestra de un uso del derecho como instrumento opresivo en un escenario de dictadura civil que busca desmovilizar el país mediante el uso político del miedo y el debilitamiento del movimiento popular que históricamente, en sus diversas corrientes, ha sido protagonista de luchas sociales.

Resalta el carácter ideológico de los argumentos en contra de la cuota sindical, la violación a la autonomía sindical y los convenios de la OIT, el objetivo de presión a los trabajadores con la virtual eliminación del derecho a la huelga y sus efectos, desconociendo el principio protector del derecho laboral en una relación entre partes desiguales.

Hace referencia a experiencias latinoamericanas con los escuadrones de la muerte (D’Abuisson en El Salvador) al hablar de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que legaliza el abuso y genera un marco discriminatorio en detrimento de la ciudadanía frente a los miembros de la institución policial. En el tema ambiental, la norma amplia las facultades discrecionales del Ejecutivo para determinar la realización de procesos de evaluación de impacto ambiental o la adopción de guías de buenas prácticas ambientales, vinculando la modificación a proyectos como la interconexión eléctrica con Colombia y la apertura de una carretera hacia ese país, proyectos mineros e hidroeléctricos.

Quiróz habla de una aceleración en el permanente deterioro institucional y la concentración de poderes en la figura del presidente con el gobierno de Ricardo Martinelli, siendo tal conducta incoherente con el discurso de gobernar de buena manera, por el contrario, señalando el riesgo de pasar de un control absoluto de poderes a la tiranía, el uso abusivo del poder en función de intereses particulares.

Relaciona la coyuntura con el desarrollo del sistema económico (en Panamá, se lleva a cabo un proceso de acumulación por desposesión, haciendo referencia a un trabajo del economista Juan Jované), cuestiona el uso de indicadores como crecimiento del PIB en la evaluación del desmpeño de una sociedad y el sometimiento de las instituciones a una visión que se centra en la seguridad del capital, sin considerar las realidades de trabajo, alimentación y ambiente, que afectan directamente a la población, entre otras.

Apunta el carácter empresarial y la lógica tiempo-beneficio del gabinete, implantada en una serie de contrataciones directas y asignaciones de proyectos multimillonarios a empresas vinculadas al sector gobernante, el control existente sobre medios de comunicación, el uso de las instituciones para perseguir toda diferencia política significativa. Sin embargo, señala, existe la oportunidad de aprovechar una mayor conciencia para movilizar más allá de la coyuntura de la Ley 30, hacia instrumentos políticos ideológicos.

Entre el público presente, se destacaron señalamientos que dudan sobre la posibilidad de conseguir avances en la mesa de diálogo instalada por el gobierno, mientras se siguen aplicando las disposiciones no suspendidas de la ley, se reitera la presumible inconstitucionalidad de la norma, el carácter discriminatorio de la norma de procedimiento a las unidades de la Fuerza Pública y la inconveniencia de una mayor discrecionalidad en manos del Ejecutivo, en el tema ambiental.

Los puntos de coincidencia son la agudización del deterioro institucional y el uso de las instituciones para acosar a disidentes políticos de distintos grupos sociales, la inserción de la Ley 30 en la construcción más amplia de un marco jurídico afín para la gestión política del modelo socioeconómico con énfasis en el uso de la fuerza y no en la construcción de acuerdos, así como en la necesidad de utilizar y trascender la coyuntura para fortalecer el sentido de organización y construir alternativas políticas con contenido ideológico bajo la idea de desarrollo democrático.

Ley 30 de 2010: una interpretación del conflicto en sus contextos desde una perspectiva de derechos humanos

Los datos recogidos en diversos medios, informes de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales nacionales (CEASPA, HREV) confirman la existencia de violaciones a derechos humanos realizadas por el Estado panameño durante los enfrentamientos a raíz de la existencia y contenido de la Ley 30 de 2010: derecho a la vida, integridad, no discriminación, igualdad, libertad y seguridad personal, salud física y mental, intimidad, honra, reputación, recurso efectivo ante violaciones a los derechos humanos y garantías judiciales, protección a la familia y menores de edad, prohibición de torturas y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Sin embargo, la valoración de la magnitud del daño causado a la sociedad panameña, junto a las amenazas y oportunidades resultantes de la coyuntura a mediano y largo plazo, en lo local como parte del escenario regional y global, requiere considerar las violaciones a derechos humanos en los días previos a la intervención policial y las posibles consecuencias sobre el estado de derecho y el sistema democrático.

Apoyado en una interpretación restrictiva de la democracia representativa por parte de los órganos constituidos, fue restringido gravemente el derecho a la participación en asuntos de interés ciudadano, el cual necesita previamente efectividad en el derecho a información clara, pertinente y accesible en tiempo oportuno, para dar contenido a las libertades de pensamiento, opinión y expresión mediante las cuales se realiza, sea de manera individual o concretando los derechos a reunirse y asociarse para la defensa de intereses comunes.

Las pruebas son de conocimiento público: la política gubernamental de descalificación a todo individuo u organización con visión divergente a la línea presidencial (desde “maleantes de mierda” hasta “indios ignorantes, borrachos y drogadictos”), el absoluto secreto mantenido sobre el nacimiento y contenido del anteproyecto en el Consejo de Gabinete y en la presentación ante el pleno de la Asamblea Nacional, la nula discusión en primer debate y la cortesía de sala meramente formal en segundo debate, la falta de interés por los argumentos en contra durante el tercer debate y en la sanción por el Ejecutivo.

Una vez promulgada en Gaceta Oficial, el debate sobre la nueva ley se centra en 3 ejes: el tema laboral, especialmente en el tema de la cuota sindical y los efectos de la huelga; el tema ambiental, al establecer la opción de guías de buenas prácticas ambientales para proyectos que deban someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental, y el tema de procedimiento penal, al prohibir la detención preventiva y suspensión provisional del cargo a unidades de la Fuerza Pública en casos de presuntos delitos por motivo del uso excesivo o injustificado de la fuerza en el ejercicio de las funciones o por cumplimiento del deber, ordenando su asignación a funciones administrativas durante el proceso y el cumplimiento de la pena en instalaciones de la institución policial.

Aquí vale la pena hacer una explicación sobre el momento histórico global: para el mantenimiento del capitalismo, sus beneficiarios buscan extender su lógica de reproducción alcanzando los últimos espacios de vida en el planeta, generando conflictos por la propiedad de la tierra, el agua, minerales, recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Otro espacio de acumulación está en la reducción del costo de la fuerza de trabajo eliminando derechos o beneficios de los trabajadores, de alguna manera, su participación en el producto del trabajo social.

La disminución de estándares ambientales y laborales (también educativos, recordando el proyecto de “transformación curricular”) por lo tanto no es algo casual, y vale señalar que la división de Nuestra América en pequeños Estados que compiten a la baja, no nos ayuda.

La previsibilidad de un escenario de conflicto explica la presencia del tema de procedimiento penal, que no es novedoso, pero junto a la Ley 14 de 2010, las deficiencias en las investigaciones penales, la falta de independencia del Ministerio Público y el Órgano Judicial, cumple con los objetivos de cubrir la represión violenta contra la protesta social con un manto de legalidad y refinar un marco de impunidad suficiente a quienes la ejecuten, colocando a los miembros de la institución por encima de la ciudadanía y desvirtuando su función protectora.

Por si algo falla, siempre quedará la arbitrariedad de los indultos presidenciales, ya otorgados por delitos comunes, aún antes de la sentencia, en flagrante contradicción con la norma constitucional. La consolidación de tal entramado jurídico constituye de hecho una amenaza a la vida, integridad y libertad de las personas en el territorio nacional y demuestra la disposición a usar medios de fuerza, agotados los procedimientos democráticos formales como método de control social.

La reducción de los efectos de la huelga hasta hacerlos fácilmente ilusorios, conduce al debilitamiento del sindicato como institución al debilitar el instrumento último para obligar a la negociación de mejores condiciones de vida para los trabajadores. Conociendo el papel de contrapeso que históricamente han tenido los sindicatos en las luchas por los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía en general en una sociedad altamente desigual que se pretende democrática, es evidente la intención de anular resistencias a la imposición de un sistema totalitarista identificado con la lógica y los intereses del mercado.

La débil institucionalidad ambiental ha sido progresivamente atacada con la dispersión de competencias, modificaciones en materia de estudios de impacto ambiental, ahora estableciendo la discrecionalidad en manos de la empresa para acogerse a guías indefinidas, abiertas a la insuficiencia y la ambigüedad proveniente del Ejecutivo. A los agentes de la depredación, que no entienden de sustentabilidad ni le interesan los derechos, ahora también le molesta la ley, los requisitos, los meros trámites, y llamando de un lado de la puerta, se responden ellos mismos al otro lado, modificando cuanta norma se interponga en la velocidad de lucro.

En este punto es necesario reafirmar que cualquier tipo de sociedad humana se construye sobre la naturaleza, y toda posibilidad posterior, incluyendo la vigencia de derechos está condicionada en última instancia por las limitaciones materiales de los sistemas de vida, profundamente afectados hoy por las organizaciones sociales y económicas basadas en la ideología del desarrollo y el crecimiento. En otras palabras, invirtiendo visiones dominantes de la doctrina de los derechos humanos, la igualdad real de derechos civiles y políticos es posterior a la vigencia efectiva de derechos económicos, sociales y culturales, que encuentran fundamento material en el respeto a los derechos de la naturaleza (desde una visión antropocéntrica, derecho humano a un ambiente sano).

El conflicto alrededor de la Ley 30 de 2010 sigue latente, no ha terminado con los Acuerdos de Changuinola y los escenarios de diálogo. El desenlace, sea cual sea, trasciende la propia ley, su tiempo, espacio y los actores en juego, al considerar nuevamente el momento histórico en que se produce. Pero en este punto debemos observar la ruta que nos conduce al gobierno de Ricardo Martinelli con todas sus características, incluyendo la forma de producir la Ley 30.

El régimen actual llega al gobierno a partir de la utilización de un discurso populista basado en el concepto de cambio sobre la imagen de un empresario exitoso, pero su existencia como alternativa política surge del progresivo desmejoramiento de las condiciones de vida de las clases medias y populares en la sociedad panameña a partir de la subordinación de las políticas sociales a la política económica neoliberal por parte de todos los gobiernos de los partidos políticos tradicionales (PRD, Panameñismo) desde antes de la caída de la dictadura militar, es decir por más de 25 años.

Las formas con las que se desarrolla la gestión de gobierno y a partir de las cuales se dan productos como la Ley 30, entre otras, encuentra sostén en el casi nulo desarrollo de la institucionalidad democrática participativa y descentralizada con posterioridad a la caída de la dictadura militar luego de la invasión de diciembre de 1989, lo que de realizarse efectivamente se hubiere constituido en obstáculo a la utilización de los recursos del Estado para el mantenimiento de la base clientelista de los partidos políticos.

A un año de gobierno de Ricardo Martinelli, se le puede caracterizar por una profundización de la históricamente excesiva concentración de poderes alrededor de la figura presidencial, se observa un cambio en la gestión de gobierno desde las formas democráticas hacia el autoritarismo, insertando la coyuntura de conflicto en un proceso mayor donde la intensidad de la movilización social, entre otros factores, puede conducir al retorno a un sistema formalmente democrático con restricciones a la participación relevante y decisiva, a la instauración de una dictadura civil, o a una profundización democrática de carácter participativo. Es decir, se debate el futuro inmediato del derecho humano al buen gobierno, a la democracia plural, de consulta y participativa, además desde luego, de todo el catálogo de derechos humanos y el estado de derecho.

Esta tríada de opciones teóricas es posible interpretarla como reflejo local de una contradicción mundial por la hegemonía entre dos vertientes de la modernidad jurídica occidental: el derecho corporativo transnacional como regulador supremo de la vida en el planeta en función de una lógica de lucro y acumulación, presente en las primeras dos opciones mencionadas con diferencias de grado y forma, más no en esencia, manteniendo un paradigma económico político único no viable a mediano plazo y cuyo mayor obstáculo es ser insustentable además de ser groseramente injusto; o el derecho de los derechos humanos con su potencial emancipatorio, aún contando con la necesidad de evaluaciones y redefiniciones que ajusten el principio dominante de universalidad e igualdad con la especificidad cultural y el derecho a la diferencia, en un proceso de diálogo con las identidades socioculturales que emergen al escenario social político tras haber permanecido ocultas por siglos tras el mito moderno del Estado nacional monocultural.

En un momento de crisis sistémica global, tal definición puede significar, si se tiene la conciencia del momento y la responsabilidad para no agotarse en lo coyuntural, la posibilidad de avanzar en algún grado o al menos ejercer menor resistencia hacia rupturas que permitan formas de desarrollo adecuadas a realidades naturales y culturales diversas, o sencillamente estancarnos, no avanzar: visto de tal manera, guardando las escalas, centrándose en los espacios de acción y fortaleciendo relaciones, cada uno es un diminuto pero infinitamente valioso punto del conflicto entre globalización de la violencia y globalización de la solidaridad, la libertad, la justicia y la paz.

Ramón H. Benjamín M.

Manos & Cerebros

¿Dónde ubica usted las responsabilidades directas por los disturbios y las víctimas en el conflicto por la Ley 30?

En cuanto a la ubicación de responsabilidades directas por los disturbios y víctimas a consecuencia del conflicto originado alrededor de la Ley 30, se permitía la selección múltiple sin límites entre 12 posibles respuestas presentadas en orden aleatorio al ingresar al sitio, es decir, se podían seleccionar desde 1 hasta las 12 opciones siguiendo el criterio del votante, sobre el grado de responsabilidad correspondiente a distintos actores sociales, con el objetivo de mantener la mayor libertad de opinión considerando múltiples variables.

En conclusión, el mayor porcentaje (26,42%) de votos ubica la responsabilidad directa por los disturbios y las víctimas en la Presidencia de la República, seguido por la Policía Nacional (16,05%), el Ministerio de Seguridad (15,72%), la Asamblea Nacional (12,71%) y el Ministerio de Trabajo (12,04%), sumando 82,84% dentro del Órgao Ejecutivo, sus dependencias y el Órgano Legislativo, similar al 79,92% de votos que ubicando la motivación del conflicto en alguna acción u omisión de las funciones del Ejecutivo, sus dependencias y la Asamblea Nacional, como señala la primera pregunta de este sondeo de opinión.

En la opción “Otros” se plasmaron 2 opiniones: «Ricardo Martinelli» y «el pueblo».

Las versiones sostenidas por el gobierno, en el sentido de hallar culpables de los disturbios y las víctimas en partidos políticos de oposición, movimientos sociales, medios de comunicación, la empresa Bocas Fruit Company o en las organizaciones sindicales, no encuentran eco entre la ciudadanía participante del sondeotienen sustento en la conciencia de los votantes y se reparten entre todas, poco menos del 20% restante de los votos, generando una relación cercana al 5:1 entra las dos vertientes de opinión manifestadas.

(Según sondeo de opinión realizado entre el 16 y 24 de julio de 2010, a través del sitio https://manoscerebros.wordpress.com, con el apoyo de redes sociales y correos electrónicos)

79,92%, todas ubicando la motivación del conflicto en alguna acción u omisión de las funciones del Ejecutivo, sus dependencias y la Asamblea Nacional.