acción y opinión

Archive for the ‘ecología’ Category

Declaración final del Foro Alternativo sobre Cambio Climático

In derechos humanos, ecología, sistema político on octubre 2, 2011 at 7:28 pm

Realizado el 1 y 2 de octubre de 2011 en la ciudad de Panamá con la participación de miembros de comunidades y organizaciones sociales campesinas, pueblos indígenas, afrodescendientes, académicos, estudiantes, mujeres, de la región mesoamericana.

CONSIDERANDO

“Que los pueblos del mundo nos movilizamos en la búsqueda de alternativas ante la indiferencia de los gobiernos con las necesidades de los pueblos. Que tal exclusión plantea un fuerte cuestionamiento al principio de representatividad, pues en tal condición los Estados no representan a sus poblaciones, ni podrán representarlos mientras siga el colonialismo interno de los pueblos diversos que viven dentro de las fronteras de los Estados y  la subordinación a los intereses de los poderes públicos de los Estados  a  los centros de poder político,  económico y militar: las corporaciones transnacionales e Instituciones Financieras”

“Que el carácter antidemocrático de la Conferencia sobre Cambio Climático bloquea las posibilidades de diálogo entre saberes  y  la participación de las víctimas  para encontrar soluciones reales al problema global del cambio climático, limitando las opciones a acciones que no solucionan el problema por no atender las causas políticas, económicas y culturales del mismo”

“Que la Conferencia sobre Cambio Climático reduce el problema a una escogencia de opciones  de mitigación, adaptación y financiamiento presentada en lenguajes no accesibles para la mayoría de las personas, en un ambiente burocratizado y tecnocrático, bajo un falso discurso ambientalista pero con una racionalidad estrictamente economicista en la toma de decisiones, encadenados a las asimetrías de poder de la  “comunidad internacional”,  sin considerar la justicia de las opciones y el sistema de pensamiento político y económico del cual surgen”

DECLARAMOS

“Los procesos económicos promovidos desde el sistema capitalista  depredador y contaminante se basa en violaciones a los derechos  humanos  de pueblos indígenas originarios, comunidades campesinas, pescadores artesanales y un número cada vez mayor de personas, a través del despojo y la explotación  en proyectos extractivos, energéticos o actividades innecesarias o improductivas destinadas al lucro y la satisfacción de los deseos de una minoría de la humanidad,  con consecuencias ecológicas que también atentan contra los derechos humanos de las víctimas”

“El deterioro o destrucción de la naturaleza, esencia de la vida, empobrece  la relación con la Madre Tierra, debilita visiones y conocimientos ancestrales de los pueblos, ocultos o negados por la llamada modernidad occidental, capaces de brindar respuestas reales para enfrentar la crisis climática”

PROPONEMOS

“Pensar el desarrollo y realizar las acciones tendientes al mismo, lejos del paradigma del crecimiento económico y la competencia entre países y personas, apegados al  paradigma de la economía solidaria, buen vivir, del bienestar y realización integral del ser humano en armonía con la comunidad y la naturaleza.  En tal sentido, rechazamos el desarrollo de proyectos extractivos y energéticos contaminantes y no orientados según los principios antes mencionados”

“Pensar la  política como la necesidad de construir  democracia  real para atender efectivamente los problemas de la comunidad, y la democracia como la participación de las personas y los pueblos, la cual es imposible sin la realización de todos los derechos individuales y colectivos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, respetando los derechos de la Madre Tierra que es la base de toda posibilidad humana”

descargue completa la Declaracion final del Foro Alternativo sobre Cambio Climatico en Panamá, 1-2 de Octubre 2011

PRONUNCIAMIENTO AL PAIS DE LA ASAMBLEA CIUDADANA

In derechos humanos, ecología, sistema político on mayo 29, 2011 at 4:45 pm

Son muchos los problemas y preocupaciones que hoy vivimos y sufrimos la mayoría de los panameños entre ellos la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, el alto precio de la gasolina y la pesadilla del transporte público, el acceso al agua potable.

Mientras la mayoría ciudadana reclama respuestas a estos  problemas, los políticos en el gobierno concentran todas sus energías en discutir la segunda vuelta electoral para mantenerse y concentrar más poder, olvidándose que la política es el arte de trabajar por el bien común.

Adicional a los problemas de la cotidianeidad, existen otros temas que merecen la atención de todos los panameños, ya que tiene que ver  con los derechos humanos y con la salud  de nuestra democracia.  Si no hay justicia y respeto a los derechos humanos no puede haber paz, que es al final de cuentas  lo que todos los habitantes de la República aspiramos. 

SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Como Asamblea Ciudadana no podemos quedarnos callados ante la situación que hoy viven los pueblos indígenas de Panamá, que son precisamente los más empobrecidos:

+No se nos olvidan los asesinatos, los heridos graves, las consecuencias funestas de los hechos de julio 2010, en Changuinola. Todavía no hay ningún responsable de tan execrables hechos.

+El pueblo Ngäbe, Buglé y Campesino sigue luchando por impedir la impuesta, ilegal e inconsulta hidroeléctrica del Tabasará.

+El pueblo Ngäbe de Riscó (Almirante) está sufriendo desde hace años el desalojo, arrinconamiento, discriminación por parte de la empresa AES con la represa Chan-75. En estos días están a punto de inundar sus tierras.

+El pueblo Naso sufre desde hace años el despojo de tierras y ahora tiene encima otro macro proyecto (Hidro-Teribe) que le causará muchos más daños.

+El pueblo Emberá de Arimae no sólo ha sufrido despojo de tierras y recursos sino que ahora tiene que luchar en la calle por defenderlos.

+¿Y el pueblo Kuna de Madungandi? Llevan más de 30 años de protesta por el despojo de sus tierras y recursos? ¿Qué se va a hacer?

+¿Y la aprobación –tan anunciada- del Convenio 169 de la OIT? ¿Para cuándo? 

Exigimos respeto para nuestros pueblos originarios.

LAS VÍCTIMAS

Las victimas de la masacre de Changuinola, Los internos quemados en el centro de menores, los muertos y afectados por la ingesta de  dietilenglicol y todas las victimas de la irresponsabilidad negligencia estatal y de la violencia, en especial las mujeres, siguen cargando con las consecuencias tanto físicas como psicológicas, sin que el Estado le brinde una respuesta justa, equitativa y humana a sus necesidades y demandas sin que el sistema de justicia responda adecuada y oportunamente.

Se hace necesario crear con urgencia un fondo de apoyo económico e indemnización a las victimas y servicios de salud gratuita, atención sicológica, ayuda material y legal a todos estos panameños y panameñas.

LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y CULTURAL

Denunciamos el agudo deterioro que gran cantidad de proyectos, están  ocasionado al ambiente  en general y en especial a los recursos naturales, principalmente al agua a nivel nacional, permitido impunemente por nuestras instituciones y gobernantes, por lo que hacemos un llamado a todos los panameños, a frenar los daños al ambiente y mejorar el actual sistema, mediante la plena participación ciudadana en las decisiones del Estado, para evitar que la inversión pública y los negocios privados irracionales y contra el ambiente, prevalezcan sobre la vida digna de nuestro pueblo. 

Consecuentes con nuestro principio, que toda actividad del Estado, debe responder a la mejor calidad de vida y la integridad de la dimensión ambiental  del país, denunciamos y nos oponemos firmemente a la forma inconsulta, prepotente y violatoria de los derechos humanos, mediante la cual el poder ejecutivo,  las empresas eléctricas y de minería están procediendo contra los pueblos originarios y los recursos naturales,  entre ellas las hidroeléctricas, Chan 75, Barro Blanco y las mineras de Petaquilla,  Cerro Colorado, Cerro Chorcha y Cerro Quema, a las cuales se oponen en forma digna y ejemplar los pueblos originarios.

De igual manera exigimos al Ministerio Público una prolija investigación sobre las denuncias hechas en los medios de comunicación social sobre el manejo y la manipulación de los desechos tóxicos hospitalarios en el país, lo que puede producir enfermedades fatales a la población.

LOS MEGA PROYECTOS

Hacemos un llamado al Ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, para que suspenda el proyecto de la Torre Financiera porque, lejos de resolver la crisis social y económica del pueblo panameño, representa una amenaza irrefutable al Hospital Público más importante del país. Además de ser una obra con intereses claramente privados y con efectos destructivos del entorno ambiental de la Ciudad de Panamá, al igual que la Cinta Costera III, que atentan contra el patrimonio nacional y mundial que es el Caso Antiguo y otros megaproyectos, que solo están pensados a favor del “crecimiento económico” y no de la calidad de vida, el patrimonio, histórico y cultural, así como los valores de nuestra identidad pluricultural del ser panameño y de los derechos humanos de los ciudadanos.

INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

Es decepcionante como sigue imperando en Panamá el clientelismo y nepotismo  político cuasi institucional en todas las instituciones públicas. La excesiva  centralización en todos los aspectos económicos  del Estado incluida el exceso de contrataciones directas que solo permite incrementar la inequidad, el abuso, la inseguridad jurídica  y la  falta de trasparencia en la actuación de todos los órganos del Estado. 

JUSTICIA

Rechazamos la forma como se sigue seleccionando a los magistrados de la Corte suprema de Justicia desconociendo los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia.  La escogencia de personas vinculadas al Órgano Ejecutivo solo  traerá más percepción de politización de la administración de justicia y profundiza la crisis en la que está sumergida la justicia panameña, lo cual favorece la criminalidad y la inseguridad jurídica.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Gobierno, luego de casi dos años de gestión, sigue sin tener una hoja de ruta en materia de corrupción.  No ha habido avances en materia de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas y de la Convención Interamericana contra la Corrupción, sin embargo, ante los escándalos como el denunciado en la Dirección de Migración, el Ejecutivo en vez de reconocer la debilidad institucional de esta dependencia del Estado, y los abusos que se cometen en la misma so pretexto de potestades discrecionales mal utilizadas, decide salir en defensa de lo indefendible y desconocer la corrupción generalizada que existe en ésta y en otras instituciones del Estado. 

Es alarmante el escándalo de posible infiltración de dinero de blanqueo de capitales en la pasada campaña electoral, sin que hasta ahora veamos una actuación del Tribunal Electoral  y el Ministerio Público. Es obligante que la Asamblea de Diputados apruebe como parte de las reformas electorales el control del financiamiento privado y el tope a los gastos de campaña, para evitar que esto se vuelva a repetir en la próxima campaña electoral. 

El Ministerio Público, el Consejo de Transparencia contra la Corrupción y la Defensoría del Pueblo deben dar seguimiento a las denuncias de los últimos meses sobre corrupción de funcionarios públicos, denuncias sobre peligros a la salud de la población.  Al igual que seguimos a la espera de las investigaciones que se siguen por la posible infiltración de narcotráfico en el Ministerio Público.     

LAS LIBERTADES.

Tenemos que rechazar enérgicamente el acoso y la campaña de desprestigio y anónimas contra activistas de sociedad civil y periodistas. La libertad de expresión debe ser respetada y todos los panameños debemos exigir una prensa libre que denuncie la corrupción. Abogamos por el fortalecimiento del periodismo investigativo.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Hacemos un llamado a la comunidad universitaria y especialmente a sus profesores  a revisar lo que está sucediendo en la casa de Mendez Pereira. Es lamentable que un proceso que debe ser democrático y de altura para ejemplo de todos los panameños tenga hoy tantos y tan serios cuestionamientos. La Universidad de Panamá debe ser ejemplo de democracia, transparencia y libre juego de ideas. Esperamos unas elecciones absolutamente donde no se usen los recursos públicos a favor de ningún candidato y un voto a conciencia y por Panamá. La universidad también debe ser verdadera conciencia crítica de la nación y no lo está siendo.

ANTE EL LLAMADO DEL EJECUTIVO PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Rechazamos la propuesta que las clases políticas nos quieren ofrecer: “una reformas más”, por tanto, nos comprometeremos a profundizar las condiciones para que logremos tener una Nueva Constitución

La Asamblea Ciudadana somos conscientes que el país ha definido la necesidad de dar pasos decididos para un verdadero proceso de una constituyente que establezca las bases  del pacto político y social y determine las relaciones del poder público y las relaciones con los ciudadanos. 

Entendemos que este poder Constituyente se caracteriza por ser un poder originario, pues solo pertenece al pueblo, quien lo ha de ejercer de manera directa o por medio de las representaciones que elija. Entendemos además que es un poder inalienable, consecuente con su origen en la soberanía popular.

Como tal el proceso constituyente ha de atravesar por distintos momentos hasta concretar todas las condiciones necesarias para que dé origen a ese nuevo Pacto Social que ha de concretarse en una Nueva Constitución que consagre las nuevas relaciones sociales y políticas, con sus nuevos estructuras coherentes con la democracia participativa y deliberativa por la que apostamos como ciudadanos y ciudadanas panameño/as

Insistiremos en producir un debate abierto, trasparente que nos ayude a definir los grandes temas que como sociedad queremos producir un nuevo Pacto social para una nueva sociedad.

Panamá, 28 de mayo de 2011.

 

GRAN MARCHA “POR EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA” -POR EL RESPETO A LA VIDA, EL AGUA Y LA DEMOCRACIA-

In derechos humanos, ecología on febrero 19, 2011 at 1:44 pm

Participa con tu familia este domingo 20 de febrero de 2011, Cinta Costera, desde la rotonda de Paitilla.

Invitan: Asociaciones Ambientalistas y de Derechos Humanos, Federación de Comunidades de Áreas Revertidas y Asamblea Ciudadana de Panamá.

Los ciudadanos y ciudadanas que participamos en la marcha de hoy 20 de febrero del 2011 presentamos a las autoridades de la República el siguiente pliego de peticiones:

1- La derogación de la Ley 8 de 11 de febrero de 2011, que reforma parcialmente el Código Minero.

2- La adopción de la Anteproyecto de Ley “Por el cual se reforma el código de Recursos Minerales, declarando una moratoria en las actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones” (iniciativa ciudadana No. 32)

3- El respeto a la autonomía de los pueblos, principalmente de los indígenas y campesinos, que merecen ser consultados y tomados en cuenta sobre las decisiones tomadas con relación a los proyectos mineros y de infraestructura en su territorio.

4- La ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y Tribales de 1989, que exige que el consentimiento previo, libre e informado para que ellos decidan sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.

5- La promoción por parte de nuestras autoridades de otras alternativas distintas a la minería para el desarrollo económico de nuestro país, como el turismo ecológico, la ejecución de negocios ambientales y sistemas para el pago por los servicios ambientales para el combate de la pobreza, en sectores donde existe gran diversidad biológica y existen concesiones mineras, como el Corredor Biológico Mesoamericano.

6- El fortalecimiento de la institucionalidad ambiental de cada entidad y el restablecimiento del Sistema Interinstitucional del Ambiente, con mecanismos de toma de decisiones participativa con personal idóneo y a través de procesos transparentes.

7- El rescate de los organismos de consulta, como las Comisiones Consultivas Ambientales en los Distritos, corregimientos, Comarcas y principalmente se requiere de la instalación inmediata de la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente donde hay una representatividad de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones para determinar la política y establecer las normas de minería, energía y todas las otras de trascendencia nacional, ambiental, según establece la Ley.

8- Una ley General del agua para ordenar las políticas de estado encaminadas a proteger el recurso hídrico del país.

9- Instar al Ministerio Público y a las autoridades judiciales a acelerar la depuración de responsabilidades materiales e intelectuales en los sucesos de Changuinola del 2010 y del Centro de Menores. Pedimos al gobierno establecer una política justa de indemnizaciones a los afectados por los abusos policiales.

Panamá, 20 de febrero del 2011.

Ley 30 de 2010: una interpretación del conflicto en sus contextos desde una perspectiva de derechos humanos

In derechos humanos, ecología, opinión, sistema político on agosto 5, 2010 at 2:37 pm

Los datos recogidos en diversos medios, informes de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales nacionales (CEASPA, HREV) confirman la existencia de violaciones a derechos humanos realizadas por el Estado panameño durante los enfrentamientos a raíz de la existencia y contenido de la Ley 30 de 2010: derecho a la vida, integridad, no discriminación, igualdad, libertad y seguridad personal, salud física y mental, intimidad, honra, reputación, recurso efectivo ante violaciones a los derechos humanos y garantías judiciales, protección a la familia y menores de edad, prohibición de torturas y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Sin embargo, la valoración de la magnitud del daño causado a la sociedad panameña, junto a las amenazas y oportunidades resultantes de la coyuntura a mediano y largo plazo, en lo local como parte del escenario regional y global, requiere considerar las violaciones a derechos humanos en los días previos a la intervención policial y las posibles consecuencias sobre el estado de derecho y el sistema democrático.

Apoyado en una interpretación restrictiva de la democracia representativa por parte de los órganos constituidos, fue restringido gravemente el derecho a la participación en asuntos de interés ciudadano, el cual necesita previamente efectividad en el derecho a información clara, pertinente y accesible en tiempo oportuno, para dar contenido a las libertades de pensamiento, opinión y expresión mediante las cuales se realiza, sea de manera individual o concretando los derechos a reunirse y asociarse para la defensa de intereses comunes.

Las pruebas son de conocimiento público: la política gubernamental de descalificación a todo individuo u organización con visión divergente a la línea presidencial (desde “maleantes de mierda” hasta “indios ignorantes, borrachos y drogadictos”), el absoluto secreto mantenido sobre el nacimiento y contenido del anteproyecto en el Consejo de Gabinete y en la presentación ante el pleno de la Asamblea Nacional, la nula discusión en primer debate y la cortesía de sala meramente formal en segundo debate, la falta de interés por los argumentos en contra durante el tercer debate y en la sanción por el Ejecutivo.

Una vez promulgada en Gaceta Oficial, el debate sobre la nueva ley se centra en 3 ejes: el tema laboral, especialmente en el tema de la cuota sindical y los efectos de la huelga; el tema ambiental, al establecer la opción de guías de buenas prácticas ambientales para proyectos que deban someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental, y el tema de procedimiento penal, al prohibir la detención preventiva y suspensión provisional del cargo a unidades de la Fuerza Pública en casos de presuntos delitos por motivo del uso excesivo o injustificado de la fuerza en el ejercicio de las funciones o por cumplimiento del deber, ordenando su asignación a funciones administrativas durante el proceso y el cumplimiento de la pena en instalaciones de la institución policial.

Aquí vale la pena hacer una explicación sobre el momento histórico global: para el mantenimiento del capitalismo, sus beneficiarios buscan extender su lógica de reproducción alcanzando los últimos espacios de vida en el planeta, generando conflictos por la propiedad de la tierra, el agua, minerales, recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Otro espacio de acumulación está en la reducción del costo de la fuerza de trabajo eliminando derechos o beneficios de los trabajadores, de alguna manera, su participación en el producto del trabajo social.

La disminución de estándares ambientales y laborales (también educativos, recordando el proyecto de “transformación curricular”) por lo tanto no es algo casual, y vale señalar que la división de Nuestra América en pequeños Estados que compiten a la baja, no nos ayuda.

La previsibilidad de un escenario de conflicto explica la presencia del tema de procedimiento penal, que no es novedoso, pero junto a la Ley 14 de 2010, las deficiencias en las investigaciones penales, la falta de independencia del Ministerio Público y el Órgano Judicial, cumple con los objetivos de cubrir la represión violenta contra la protesta social con un manto de legalidad y refinar un marco de impunidad suficiente a quienes la ejecuten, colocando a los miembros de la institución por encima de la ciudadanía y desvirtuando su función protectora.

Por si algo falla, siempre quedará la arbitrariedad de los indultos presidenciales, ya otorgados por delitos comunes, aún antes de la sentencia, en flagrante contradicción con la norma constitucional. La consolidación de tal entramado jurídico constituye de hecho una amenaza a la vida, integridad y libertad de las personas en el territorio nacional y demuestra la disposición a usar medios de fuerza, agotados los procedimientos democráticos formales como método de control social.

La reducción de los efectos de la huelga hasta hacerlos fácilmente ilusorios, conduce al debilitamiento del sindicato como institución al debilitar el instrumento último para obligar a la negociación de mejores condiciones de vida para los trabajadores. Conociendo el papel de contrapeso que históricamente han tenido los sindicatos en las luchas por los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía en general en una sociedad altamente desigual que se pretende democrática, es evidente la intención de anular resistencias a la imposición de un sistema totalitarista identificado con la lógica y los intereses del mercado.

La débil institucionalidad ambiental ha sido progresivamente atacada con la dispersión de competencias, modificaciones en materia de estudios de impacto ambiental, ahora estableciendo la discrecionalidad en manos de la empresa para acogerse a guías indefinidas, abiertas a la insuficiencia y la ambigüedad proveniente del Ejecutivo. A los agentes de la depredación, que no entienden de sustentabilidad ni le interesan los derechos, ahora también le molesta la ley, los requisitos, los meros trámites, y llamando de un lado de la puerta, se responden ellos mismos al otro lado, modificando cuanta norma se interponga en la velocidad de lucro.

En este punto es necesario reafirmar que cualquier tipo de sociedad humana se construye sobre la naturaleza, y toda posibilidad posterior, incluyendo la vigencia de derechos está condicionada en última instancia por las limitaciones materiales de los sistemas de vida, profundamente afectados hoy por las organizaciones sociales y económicas basadas en la ideología del desarrollo y el crecimiento. En otras palabras, invirtiendo visiones dominantes de la doctrina de los derechos humanos, la igualdad real de derechos civiles y políticos es posterior a la vigencia efectiva de derechos económicos, sociales y culturales, que encuentran fundamento material en el respeto a los derechos de la naturaleza (desde una visión antropocéntrica, derecho humano a un ambiente sano).

El conflicto alrededor de la Ley 30 de 2010 sigue latente, no ha terminado con los Acuerdos de Changuinola y los escenarios de diálogo. El desenlace, sea cual sea, trasciende la propia ley, su tiempo, espacio y los actores en juego, al considerar nuevamente el momento histórico en que se produce. Pero en este punto debemos observar la ruta que nos conduce al gobierno de Ricardo Martinelli con todas sus características, incluyendo la forma de producir la Ley 30.

El régimen actual llega al gobierno a partir de la utilización de un discurso populista basado en el concepto de cambio sobre la imagen de un empresario exitoso, pero su existencia como alternativa política surge del progresivo desmejoramiento de las condiciones de vida de las clases medias y populares en la sociedad panameña a partir de la subordinación de las políticas sociales a la política económica neoliberal por parte de todos los gobiernos de los partidos políticos tradicionales (PRD, Panameñismo) desde antes de la caída de la dictadura militar, es decir por más de 25 años.

Las formas con las que se desarrolla la gestión de gobierno y a partir de las cuales se dan productos como la Ley 30, entre otras, encuentra sostén en el casi nulo desarrollo de la institucionalidad democrática participativa y descentralizada con posterioridad a la caída de la dictadura militar luego de la invasión de diciembre de 1989, lo que de realizarse efectivamente se hubiere constituido en obstáculo a la utilización de los recursos del Estado para el mantenimiento de la base clientelista de los partidos políticos.

A un año de gobierno de Ricardo Martinelli, se le puede caracterizar por una profundización de la históricamente excesiva concentración de poderes alrededor de la figura presidencial, se observa un cambio en la gestión de gobierno desde las formas democráticas hacia el autoritarismo, insertando la coyuntura de conflicto en un proceso mayor donde la intensidad de la movilización social, entre otros factores, puede conducir al retorno a un sistema formalmente democrático con restricciones a la participación relevante y decisiva, a la instauración de una dictadura civil, o a una profundización democrática de carácter participativo. Es decir, se debate el futuro inmediato del derecho humano al buen gobierno, a la democracia plural, de consulta y participativa, además desde luego, de todo el catálogo de derechos humanos y el estado de derecho.

Esta tríada de opciones teóricas es posible interpretarla como reflejo local de una contradicción mundial por la hegemonía entre dos vertientes de la modernidad jurídica occidental: el derecho corporativo transnacional como regulador supremo de la vida en el planeta en función de una lógica de lucro y acumulación, presente en las primeras dos opciones mencionadas con diferencias de grado y forma, más no en esencia, manteniendo un paradigma económico político único no viable a mediano plazo y cuyo mayor obstáculo es ser insustentable además de ser groseramente injusto; o el derecho de los derechos humanos con su potencial emancipatorio, aún contando con la necesidad de evaluaciones y redefiniciones que ajusten el principio dominante de universalidad e igualdad con la especificidad cultural y el derecho a la diferencia, en un proceso de diálogo con las identidades socioculturales que emergen al escenario social político tras haber permanecido ocultas por siglos tras el mito moderno del Estado nacional monocultural.

En un momento de crisis sistémica global, tal definición puede significar, si se tiene la conciencia del momento y la responsabilidad para no agotarse en lo coyuntural, la posibilidad de avanzar en algún grado o al menos ejercer menor resistencia hacia rupturas que permitan formas de desarrollo adecuadas a realidades naturales y culturales diversas, o sencillamente estancarnos, no avanzar: visto de tal manera, guardando las escalas, centrándose en los espacios de acción y fortaleciendo relaciones, cada uno es un diminuto pero infinitamente valioso punto del conflicto entre globalización de la violencia y globalización de la solidaridad, la libertad, la justicia y la paz.

Ramón H. Benjamín M.

Manos & Cerebros

La Historia de las Cosas

In derechos humanos, ecología on julio 16, 2010 at 10:30 am

Documental (20 minutos) sobre nuestros patrones de producción y consumo, y sus consecuencias sociales y ambientales en el sistema global. Producido por Free Range Studios con apoyo de Tides Foundation y la Funders Workgroup for Sustainable Production and Consumption, con Free Range Studios.</span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”color: #008000;”><a href=”http://www.storyofstuff.com/&#8221; target=”_blank”><strong>The Story of Stuff Project</strong></a></span></p> <p><a href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_CO”><img class=”aligncenter” title=”Creative Commons” src=”http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88×31/png/by-nc-nd.png&#8221; alt=”Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la

Documental (20 minutos) sobre nuestros patrones de producción y consumo, y sus consecuencias sociales y ambientales en el sistema global. Producido por Free Range Studios con apoyo de Tides Foundation y la Funders Workgroup for Sustainable Production and Consumption, con Free Range Studios.

Vea el documental aquí

Ecología y Política en Panamá

In ecología, sistema político on junio 15, 2010 at 11:11 pm

El tema ecológico despunta en este siglo XXI como el de mayor importancia dentro de la agenda social y política. En Panamá, son constantes las manifestaciones de disconformidad por parte de comunidades, organizaciones y ciudadanos en relación al patrón de consumo de la energía, la materia y los espacios vitales dentro del modelo de desarrollo de país, así vemos crecer la importancia en la opinión pública de temas como minería, hidroeléctrica y otros usos del agua, explosión urbanística en la ciudad, playas, costas, islas, entre otros.

No se trata de un asunto de moda, pues de las condiciones del sistema de vida global dependen las posibilidades de desarrollo de los espacios de vida locales y de éstos directamente la vida humana, y desde una perspectiva ideológica, a la histórica reivindicación de justicia social desde las izquierdas políticas se le impone la necesidad de una nueva relación con el mundo material a partir del cual, únicamente, es posible hablar de condiciones de vida dignas, trabajo, cultura y poder.

Las nuevas identidades en el escenario político de nuestros países, resurgiendo con fuerza luego de años de políticas neoliberales con sus resultados sociales negativos, poseen un componente étnico cultural relevante pero vinculado indisolublemente a una relación con la tierra, no en el sentido de propiedad privada occidental, sino como espacio geográfico de vida, diversidad y cultura.

No se trata de incorporar de manera simple el discurso popular o científico en favor de una mejor gestión de la naturaleza al discurso político, ni añadir algunos elementos técnicos al ordenamiento jurídico existente, es algo más profundo que parte de la necesidad de ajustar procesos vitales y por tanto sentidos culturales del ser humano y su relación con la sociedad dentro del planeta, afectando paradigmas políticos (relaciones de poder y organización de territorios) y económicos (relaciones de propiedad, distribución y consumo dentro de los procesos productivos) en un momento histórico en el cual las consecuencias de la hipermercantilización del ecosistema global demuestran la imposibilidad material de mantener la lógica de crecimiento infinito, basado en niveles crecientes de consumo y producción de desechos dentro de un sistema de vida de “recursos” finitos, como argumento principal de los planes de “desarrollo” y gobierno.

En general, las organizaciones de carácter político no han desarrollado propuestas diferenciadas de gestión de la naturaleza, mucho menos tomando en cuenta la complejidad de relaciones que se entretejen alrededor de un ecosistema que involucra comunidades y culturas, limitándose a realizar la administración de la misma como depósito infinito de bienes propiedad del Estado, manteniendo el dominio, otorgándolo en concesiones, o dando un papel más preponderante al sector privado, según la orientación ideológica y necesidades concretas de los gobiernos de turno.

Por su parte, las organizaciones ciudadanas dedicadas al tema ecológico desde diversas perspectivas, por lo general declaran un carácter neutral, apolítico o en todo caso, una desvinculación respecto a sectores políticamente organizados. Las organizaciones comunitarias de base ecológica con mayor trascendencia, aunque realizan acciones y tienen presencia, proyección y contenido político, también declaran independencia de organizaciones políticas. El discurso de rechazo a la práctica política tradicional y la política en sí, puede ser precisamente una estrategia política para despejar los espacios de eventales nuevos actores, o efectivamente tratarse de una manifestación honesta de disconformidad, pudiendo ser en este último caso contraproducente para los objetivos a mediano y largo plazo de las movilizaciones por la limitación que produce a la participación política de la ciudadanía con mayor conciencia del problema, la cual podría aprovechar en beneficio de la causa movilizadora, el valor estratégico de ocupar los espacios de decisión política, hoy generadores de conflictos socioambientales.

El espacio de estos foros ideológicos es concebido a partir de la necesidad de diálogo, no solamente entre actores que se denominan de izquierdas, sino con otros sectores organizados alrededor de los temas vitales de nuestra sociedad y nuestro tiempo, para construir propuestas alternativas de gestión social.

Durante el Primer Foro ideológico sobre Juventudes e Izquierdas en Panamá, varios de los expositores y participantes, preguntados sobre los temas que deben ser prioridad en la agenda de las organizaciones de izquierdas y específicamente de interés entre sus jóvenes, coincidieron en señalar el tema ecológico, lo que permite señalar dos puntos positivos: el posicionamiento del tema en la mente de una generación joven interesada en la política a pesar del débil manejo del tema dentro del escenario político, y la disponibilidad de compartir saberes entre ambos campos de la actividad humana para construir un mejor Panamá.

Sobre la aprobación del proyecto de ley 177

In derechos humanos, ecología, opinión on junio 15, 2010 at 10:46 pm

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el pasado 12 de junio, a pesar de la fuerte oposición ciudadana demostrada durante las discusiones tanto en la Asamblea como fuera de sus instalaciones, el proyecto de ley No. 177 que tenía como objetivo original “promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial”. Sin embargo, mediante el mismo proyecto de ley se modifican varias normas no relacionadas con el objetivo inicialmente declarado.

Entre estas legislaciones, la laboral, limitando el derecho a huelga, haciendo ilusorios sus efectos, y eliminando la obligatoriedad de la cuota sindical; la penal, creando nuevos delitos y penalizando con más tiempo algunos ya existentes; la procesal penal, alterando el procedimiento seguido a las unidades de la fuerza pública en casos de uso de la fuerza excesiva e injustificada; asimismo la Ley General de Ambiente, dándole la potestad a empresas ejecutoras de proyectos de construcción de sustraerse de la realización del estudio de impacto ambiental.

Cabe destacar, que dicho proyecto de ley es esencialmente idea del Órgano Ejecutivo. Rubricado por el Ministro Demetrio Papadimitriu y presentado en la Asamblea Legislativa por el Ministro José Raúl Mulino, dicho engendro legislativo tiene como padre el Consejo de Gabinete y como padrino el Órgano Legislativo.

El proyecto de ley No. 177 en la forma no es más que otro soberano disparate de la Asamblea de Diputados, y es que los ocupantes de las curules, quienes se hacen llamar padres de la patria y deberían ser defensores de la Constitución Nacional y el Estado de derecho, se han acostumbrado a ser poco más que empleados del Órgano Ejecutivo, gobierno tras gobierno.

Igualmente lesivo a la población panameña es el fondo del proyecto, es decir, las reformas que introduce a nuestro ordenamiento. Y es que con dicho proyecto de ley, aprobado un sábado a tambor batiente por la Asamblea Legislativa, son abolidas reivindicaciones históricas del trabajador panameño y el movimiento sindical, se legisla una vez más en materia penal sin atender a una política criminal, se otorga impunidad a las unidades policiales para abusar de su fuerza y se elimina de hecho uno de los pocos instrumentos de salud de nuestro entorno ecológico y por ende de nuestra población: el estudio de impacto ambiental.

Todo ello con el pretexto de “fomentar el desarrollo del país” como dicen los ministros y diputados, cómplices y culpables de estos entuertos legislativos, probando una vez más que las leyes no son otra cosa que instrumentos que buscan mantener el estatus quo y que responden a intereses de clase.

Sería ingenuo asimismo quitarle la responsabilidad al Presidente Ricardo Martinelli, quien evidentemente debió conocer del chanchullo hecho por sus subalternos y por los “padres de la patria.”

Solicitar el veto presidencial es tácticamente correcto en cuanto medio de lucha contra la entrada en vigencia del proyecto, aunque no podemos esperanzarnos en la decisión del presidente teniendo en cuenta que de la misma manera fue aprobado y transformado en ley de la República el polémico proyecto de ley sobre el record policivo y que también penaliza la protesta. Además, hay que estar pendiente al eventual uso del veto como herramienta de mercadeo político en favor del Presidente, y la posterior modificación de las mismas normas por otras vías.

La mejor manera de lograr que el proyecto de ley No. 177 se archive, y que no vuelva a pasar por la mente de estos politiqueros infames la creación de engendros como éste, es la organización permanente de la población, el conocimiento sobre lo que se está haciendo y hacia donde nos dirigimos.

Esta ley implica la reducción de derechos ciudadanos conseguidos con trabajo, dedicación y hasta la vida de muchos panameños, por lo cual tampoco es la opción segmentar la lucha y tirar cada quien para su lado, como si un tema no influyera sobre los otros, como si uno tuviese más importancia que otro, viendo jerarquías y separaciones entre la dignidad de la vida humana, las condiciones de trabajo y la sustentabilidad ecológica donde no existen, finalmente, como si los adversarios no fuesen idénticos.

Por ello, ecologistas, obreros, estudiantes, indígenas, profesionales y toda persona que valore su ciudadanía, debemos luchar unidos contra el proyecto, contra otros similares, contra la actitud gubernamental de aprovechar el letargo producido por un espectáculo deportivo, con el fin de enseñarles tanto al Ejecutivo como al Legislativo, que con nuestros derechos no se juega ni se negocia.

Panamá, 15 de junio de 2010

Martinelli está comprometiendo el futuro de Panamá

In ecología on abril 6, 2010 at 9:33 pm


Ciudad de Panamá, 6 de abril de 2010

El presidente de la República, Ricardo Martinelli afirmó en un foro internacional que está dispuesto a hacer cambios en el Código Minero vigente en el país con el fin de facilitar inversiones de otros países en territorio panameño y por considerar que el territorio panameño tiene un gran futuro en este campo. Estas declaraciones generan preocupación e indignación entre las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y en las comunidades que se verán afectadas económica y socialmente. El desarrollo sostenible del país estará en alto riesgo debido a la intensiva y amplia explotación de la minería a cielo abierto que quiere promover el presidente desconociendo las reiteradas peticiones para una moratoria en la concesión de licencias de minería hasta no evaluar de forma adecuada su impacto.

Es desafortunado que el jefe de Estado ofrezca en venta al país al mejor postor, en detrimento de nuestro capital natural y humano, ya que los recursos naturales son el activo más valioso con que pueden contar las presentes y futuras generaciones. No se puede olvidar que el agua y la tierra son base de la vida y de una riqueza natural irremplazable la cual el país puede inteligentemente aprovechar para promover un desarrollo sostenible y de largo plazo.

El presidente desconoce además la división de poderes, comprometiendo un cambio en la legislación que, en todo caso, no corresponde al Ejecutivo.

La alta agresividad para con el suelo y el agua que caracteriza a la práctica de explotación a cielo abierto (como en los casos de oro o del cobre) perjudica a poblaciones cuya sobrevivencia y calidad de vida depende de la salud de los ecosistemas, tanto dentro como fuera de las zonas de este tipo de explotación. Los impactos de esta actividad alcanzan finalmente a la agricultura, a la ganadería y al turismo por cientos de años y para miles de personas, debido al drenaje ácido, la contaminación por químicos y por el alto consumo del agua que esta actividad requiere.

Existen suficientes ejemplos en todo el mundo y aquí mismo en la región tropical de Latinoamérica y del Caribe en donde no existe ningún caso de explotación minera a cielo abierto en países tropicales como el nuestro en donde no haya habido graves efectos al ambiente e irreparables pérdidas económicas y sociales. No por pocas y ligeras razones la Presidente electa de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha decidido establecer nuevamente una moratoria de esta actividad para proteger el ambiente y el futuro de su país.

Para los firmantes y para la gran mayoría de las panameñas y los panameños es inadmisible que se desconozca que los beneficios de la minería sólo son para unos pocos y por poco tiempo, y que los efectos dañinos de esta actividad pueden ser para siempre y para todo un país.

Instamos por tanto al actual gobierno a que recapacite y revierta la actual política de promoción del país a los explotadores de metales en particular por las graves consecuencias ambientales y sociales de esta práctica, consecuencias que al final lamentaremos como comunidad panameña y muy especialmente las futuras generaciones.

ACD / Alianza para la Conservación y el Desarrollo

ANCON / Asociación Nacional para la Conservación y el Desarrollo

APTSO / Asociación Panameña de Turismo

CIAM / CENTRO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DE PANAMÁ

COLIBRÍ, Asociación Ecologista de Panamá

FUNDACIÓN ALBATROS MEDIA

FUNDACIÓN AVIFAUNA

HUMAN RIGHTS EVERYWHERE PANAMÁ

JUSTICIA, PAZ E INTEGRACIÓN DE LA CREACIÓN-Padres Claretianos Centroamérica

MANOS & CEREBROS, Acción y Opinión

OILWATCH PANAMÁ

PANAMÁ PROFUNDO

Raúl Leis R, como Secretario General CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina) y Presidente de CEASPA (Centro de Estudios y Acción Social Panameño)

SOCIEDAD AUDUBON DE PANAMÁ

VOCES ECOLÓGICAS

¿Qué opina usted sobre el posible uso de terrenos del Parque Natural Metropolitano para la construcción de una nueva sede de la Policía Nacional?

In derechos humanos, ecología on marzo 27, 2010 at 1:00 am

En nuestra encuesta anterior preguntamos ¿considera usted la pena de muerte como una opción eficaz y aceptable para combatir la delincuencia?, los resultados fueron los siguientes:

47% de los encuestados dicen que la pena de muerte es tan inacaptable como ineficaz, por lo que no merece prestarle atención como opción; 27% dice que es absolutamente inaceptable; 9% apoya el establecimiento de la pena de muerte en Panamá; 5% dice que es aceptable pero ineficaz; 5% la considera una opción eficaz y aceptable en la lucha contra la delincuencia.

Finalmente, otro 5% prefirió dar otra respuesta, de las cuales podemos extraer con fines ilustrativos, los siguientes comentarios:

– “sería lamentable, un retroceso”,

– “aceptable sólo para casos extremos”,

– “el que mata hay que matarlo”,

– “sólo la considero estimable para un único delito y es el de violación a un niño o niña”,

– “en aquellos paises que existe no han dejado de darse las atrocidades que leemos todos los dias en los medio”,

– “la venganza no resuelve ningún conflicto y sólo trae sufrimientos y dolor para todas las personas involucradas”,

– “la resolución de conflictos sociales pasa por transformar una cultura de violencia y de muerte, en una cultura de paz fundamentada en la justicia social y el bienestar colectivo. Cultivemos la equidad social y no habrá necesidad de tantas cárceles ni medidas tan irracionales como la pena de muerte”,

– “en los casos de violación a infantes menores de 10 años, minusválidos o con retardos mentales, homicidios por robo, donde actualmente, los delincuentes están sobre protegidos por los mal llamados “derechos humanos”,

– “imaginen por un momento este cuadro… tenemos un sistema corrupto que no creo se limpiará en menos de 5 años… y aprueban la ley de pena de muerte… el uso de influencias por corrupción es muy comín aquí en Panamá… ahora toman a una persona y la sentencian a muerte…tú no sabes si la involucraron para matarla usando las malas influencias… despues de su deceso se averigua que era inocente… quién reponderia por ese daño…?”.

Puede observar los resultados completos de la encuesta aquí

Empresas Públicas de Medellín realiza trabajos sin autorización en Bosque Protector Palo Seco

In derechos humanos, ecología on marzo 25, 2010 at 11:41 am

Continúa la lucha del pueblo Naso, con el cierre de la vía que conduce al Proyecto Hidroeléctrico Bonyik del 22 al 25 de marzo, día en que fue reabierta tras la conversación con el gobernador de Bocas del Toro, Simón Becker, en la cual se acordó una reunión entre empresa, gobierno y comuidades el próximo 30 de marzo.

La protesta fue provocada por la autorización del Consejo de Gabinete a la ANAM para la firma de un contrato de concesión de 2000 hectáreas dentro del Bosque Protector Palo Seco a EPM, el pasado 9 de marzo.

Sin embargo, los trabajos de EPM habían iniciado desde el 6 de enero de 2010 sin autorización ninguna, con el derribo de árboles, apertura de caminos, desvió del cauce del río Bonyik y cercado del área ahora bajo control de la empresa. Así mismo han aumentado su presión sobre el señor Esteban Durán, único habitante que mantiene su casa firme frente al avance de la ruta de la hidroeléctrica.

Empresas Públicas de Medellín, tampoco ha cumplido ninguno de los compromisos (construcción de infraestructura social y la contratación de personas de la comunidad) que adquirieron con parte de la comunidad naso que acepto el proyecto.

Hugo Sánchez, vocero de la comunidad, hizo un llamado para que las organizaciones sociales y todo el pueblo panameño ofrezcan su respaldo a la resistencia naso frente a los proyectos de desarrollo depredador y por la creación de la Comarca Naso Tjerdi.

Contactos Naso en Bonyik:

Hugo Sánchez 6405-2154 / 6726-5217

Adolfo Villagra 6569-2844