acción y opinión

Conversatorio sobre Ley 30 de 2010

In derechos humanos, sistema político on agosto 19, 2010 at 10:05 am

El conversatorio sobre la Ley 30 de 2010, fue organizado con el objetivo de compartir información y perspectivas entre diferentes sectores estudiantiles de la Universidad de Panamá, aquellos vinculados a la movilización social de forma orgánica o individual, y los estudiantes en general, sobre el conflicto surgido a raíz de la aprobación de la mencionada norma, su proceso de formación, contenido jurídico y consecuencias, especialmente en materia de derechos humanos, además del contexto social y político en que se desarrolla, ubicando puntos de convergencia y diferencias significativas.

Expusieron Jonathan Gordón (Fer-29), Orestes Arenas (PAT), Carlos Bichet (MJP) y Joao Quiróz Govea (Manos & Cerebros). El primero forma parte de Frenadeso, los dos siguientes de ULIP y el Partido Alternativa Popular. A continuación un resumen no exhaustivo de las participaciones.

Gordón señala la incoherencia entre los objetivos de la ley en su versión original (promoción de la aviación comercial) y la serie de modificaciones que introduce al ordenamiento jurídico, la ausencia de participación y las irregularidades en el debate legislativo que conducen incluso a cuestionar su constitucionalidad. Menciona igualmente las consecuencias sobre una institucionalidad ambiental ya débil y sobre los derechos a la vida y la protesta por reivindicaciones de carácter social.

Sostiene que el diálogo se ha producido fuera de tiempo, es limitado y carece de credibilidad, al tiempo que se utiliza el caso de Valentín Palacios, desaparecido en los sitios y durante los días de protesta, en condiciones aún no aclaradas, para desarrollar un clima de persecución contra las dirgencias populares y de la sociedad civil.

Arenas ubica antecedentes al conflicto en medidas que buscan la permanencia de un modelo, como la incorporación de las funciones de investigación penal en la Policía Nacional con la creación de la DIJ en reemplazo de la PTJ, la Ley 14 de 2010 conocida como Ley Carcelazo, y el control de los medios de comunicación, violentando el derecho de la población a la información, como evidencia la nula cobertura de las acciones de la empresa y las movilizaciones masivas en Changuinola antes de la explosión de la violencia.

Destaca un cambio de objetivo en los ataques de la alianza gubernamental, tradicionalmente concentrado en el PRD, hoy con una tendencia creciente hacia las movimientos populares y alternativos, como síntoma de crecimiento de éstos en el escenario público político. Llama la atención sobre los obstáculos puestos por los funcionarios de gobierno a la investigación de los sucesos, el discurso altamente discriminatorio y contra la dignidad humana de las víctimas de violaciones gravísimas a los derechos humanos, y concluye con la necesidad de mantener las acciones de protesta y comunicación, así como la necesidad de construir un instrumento político que evite el oportunismo de los partidos políticos tradicionales que capitalizan electoralmente el descontento y sacrificio social pero no sostienen las reivindicaciones.

Bichet califica de aberración jurídica la Ley 30, en cuanto a la técnica legislativa, su contenido y aplicación, violatorio de la constitución y el reglamento interno de la Asamblea Nacional, muestra de un uso del derecho como instrumento opresivo en un escenario de dictadura civil que busca desmovilizar el país mediante el uso político del miedo y el debilitamiento del movimiento popular que históricamente, en sus diversas corrientes, ha sido protagonista de luchas sociales.

Resalta el carácter ideológico de los argumentos en contra de la cuota sindical, la violación a la autonomía sindical y los convenios de la OIT, el objetivo de presión a los trabajadores con la virtual eliminación del derecho a la huelga y sus efectos, desconociendo el principio protector del derecho laboral en una relación entre partes desiguales.

Hace referencia a experiencias latinoamericanas con los escuadrones de la muerte (D’Abuisson en El Salvador) al hablar de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que legaliza el abuso y genera un marco discriminatorio en detrimento de la ciudadanía frente a los miembros de la institución policial. En el tema ambiental, la norma amplia las facultades discrecionales del Ejecutivo para determinar la realización de procesos de evaluación de impacto ambiental o la adopción de guías de buenas prácticas ambientales, vinculando la modificación a proyectos como la interconexión eléctrica con Colombia y la apertura de una carretera hacia ese país, proyectos mineros e hidroeléctricos.

Quiróz habla de una aceleración en el permanente deterioro institucional y la concentración de poderes en la figura del presidente con el gobierno de Ricardo Martinelli, siendo tal conducta incoherente con el discurso de gobernar de buena manera, por el contrario, señalando el riesgo de pasar de un control absoluto de poderes a la tiranía, el uso abusivo del poder en función de intereses particulares.

Relaciona la coyuntura con el desarrollo del sistema económico (en Panamá, se lleva a cabo un proceso de acumulación por desposesión, haciendo referencia a un trabajo del economista Juan Jované), cuestiona el uso de indicadores como crecimiento del PIB en la evaluación del desmpeño de una sociedad y el sometimiento de las instituciones a una visión que se centra en la seguridad del capital, sin considerar las realidades de trabajo, alimentación y ambiente, que afectan directamente a la población, entre otras.

Apunta el carácter empresarial y la lógica tiempo-beneficio del gabinete, implantada en una serie de contrataciones directas y asignaciones de proyectos multimillonarios a empresas vinculadas al sector gobernante, el control existente sobre medios de comunicación, el uso de las instituciones para perseguir toda diferencia política significativa. Sin embargo, señala, existe la oportunidad de aprovechar una mayor conciencia para movilizar más allá de la coyuntura de la Ley 30, hacia instrumentos políticos ideológicos.

Entre el público presente, se destacaron señalamientos que dudan sobre la posibilidad de conseguir avances en la mesa de diálogo instalada por el gobierno, mientras se siguen aplicando las disposiciones no suspendidas de la ley, se reitera la presumible inconstitucionalidad de la norma, el carácter discriminatorio de la norma de procedimiento a las unidades de la Fuerza Pública y la inconveniencia de una mayor discrecionalidad en manos del Ejecutivo, en el tema ambiental.

Los puntos de coincidencia son la agudización del deterioro institucional y el uso de las instituciones para acosar a disidentes políticos de distintos grupos sociales, la inserción de la Ley 30 en la construcción más amplia de un marco jurídico afín para la gestión política del modelo socioeconómico con énfasis en el uso de la fuerza y no en la construcción de acuerdos, así como en la necesidad de utilizar y trascender la coyuntura para fortalecer el sentido de organización y construir alternativas políticas con contenido ideológico bajo la idea de desarrollo democrático.

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