acción y opinión

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Declaración final del Foro Alternativo sobre Cambio Climático

In derechos humanos, ecología, sistema político on octubre 2, 2011 at 7:28 pm

Realizado el 1 y 2 de octubre de 2011 en la ciudad de Panamá con la participación de miembros de comunidades y organizaciones sociales campesinas, pueblos indígenas, afrodescendientes, académicos, estudiantes, mujeres, de la región mesoamericana.

CONSIDERANDO

“Que los pueblos del mundo nos movilizamos en la búsqueda de alternativas ante la indiferencia de los gobiernos con las necesidades de los pueblos. Que tal exclusión plantea un fuerte cuestionamiento al principio de representatividad, pues en tal condición los Estados no representan a sus poblaciones, ni podrán representarlos mientras siga el colonialismo interno de los pueblos diversos que viven dentro de las fronteras de los Estados y  la subordinación a los intereses de los poderes públicos de los Estados  a  los centros de poder político,  económico y militar: las corporaciones transnacionales e Instituciones Financieras”

“Que el carácter antidemocrático de la Conferencia sobre Cambio Climático bloquea las posibilidades de diálogo entre saberes  y  la participación de las víctimas  para encontrar soluciones reales al problema global del cambio climático, limitando las opciones a acciones que no solucionan el problema por no atender las causas políticas, económicas y culturales del mismo”

“Que la Conferencia sobre Cambio Climático reduce el problema a una escogencia de opciones  de mitigación, adaptación y financiamiento presentada en lenguajes no accesibles para la mayoría de las personas, en un ambiente burocratizado y tecnocrático, bajo un falso discurso ambientalista pero con una racionalidad estrictamente economicista en la toma de decisiones, encadenados a las asimetrías de poder de la  “comunidad internacional”,  sin considerar la justicia de las opciones y el sistema de pensamiento político y económico del cual surgen”

DECLARAMOS

“Los procesos económicos promovidos desde el sistema capitalista  depredador y contaminante se basa en violaciones a los derechos  humanos  de pueblos indígenas originarios, comunidades campesinas, pescadores artesanales y un número cada vez mayor de personas, a través del despojo y la explotación  en proyectos extractivos, energéticos o actividades innecesarias o improductivas destinadas al lucro y la satisfacción de los deseos de una minoría de la humanidad,  con consecuencias ecológicas que también atentan contra los derechos humanos de las víctimas”

“El deterioro o destrucción de la naturaleza, esencia de la vida, empobrece  la relación con la Madre Tierra, debilita visiones y conocimientos ancestrales de los pueblos, ocultos o negados por la llamada modernidad occidental, capaces de brindar respuestas reales para enfrentar la crisis climática”

PROPONEMOS

“Pensar el desarrollo y realizar las acciones tendientes al mismo, lejos del paradigma del crecimiento económico y la competencia entre países y personas, apegados al  paradigma de la economía solidaria, buen vivir, del bienestar y realización integral del ser humano en armonía con la comunidad y la naturaleza.  En tal sentido, rechazamos el desarrollo de proyectos extractivos y energéticos contaminantes y no orientados según los principios antes mencionados”

“Pensar la  política como la necesidad de construir  democracia  real para atender efectivamente los problemas de la comunidad, y la democracia como la participación de las personas y los pueblos, la cual es imposible sin la realización de todos los derechos individuales y colectivos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, respetando los derechos de la Madre Tierra que es la base de toda posibilidad humana”

descargue completa la Declaracion final del Foro Alternativo sobre Cambio Climatico en Panamá, 1-2 de Octubre 2011

A un año de la violenta represión en Bocas del Toro

In derechos humanos on julio 9, 2011 at 5:23 pm
El 6 de julio, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá miembros de la Agrupación Estudiantil Ñeques Mojados en conjunto con el Colectivo Manos & Cerebros presentaron la actividad denominada “A un año de la violenta represión en Bocas”.
Consideramos importante recordar que julio del año 2010, fue un mes lleno de violencia e impunidad en Panamá, principalmente en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, donde se desató el levantamiento del pueblo trabajador e indígena tras la inconsulta e impuesta aprobación de la Ley 30 viciada de descaradas violaciones a derechos laborales y ambientales, y que legitimaba el uso de la violencia policial.
El objetivo de la actividad fue mantener vivos en la memoria de la juventud panameña la gran lucha del pueblo bocatoreño y la cruenta represión policial cargada de discriminación, una cobertura mediática deficiente, la natural indiferencia por parte del gobierno al no permitir un verdadero diálogo y un Changuinola que hasta el día de hoy busca que se le haga justicia.

Democracia y Derechos Humanos

In derechos humanos, sistema político on julio 7, 2011 at 4:07 pm

¿Qué son los derechos humanos?

¿Qué es democracia?

¿Por qué se mencionan ambas ideas en las luchas sociales?

¿Serán parte de una agenda política oculta?

¿Acaso se dedican los defensores de los derechos humanos únicamente a defender delincuentes?

¿Pueden respetarse los derechos humanos sin un gobierno democrático?

¿Por qué se violan los derechos humanos?

¿Qué derechos humanos se pueden sacrificar en nombre del desarrollo?

Éstas y otras interrogantes serán debatidas abiertamente entre todos los asistentes al primer Espacio de Debate, el próximo sábado 16 de julio de 2011 desde las 5:00 pm, en ESPACIO COMÚN, calle 4a San Felipe, en el antiguo Colegio Santa Familia.

PRONUNCIAMIENTO AL PAIS DE LA ASAMBLEA CIUDADANA

In derechos humanos, ecología, sistema político on mayo 29, 2011 at 4:45 pm

Son muchos los problemas y preocupaciones que hoy vivimos y sufrimos la mayoría de los panameños entre ellos la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, el alto precio de la gasolina y la pesadilla del transporte público, el acceso al agua potable.

Mientras la mayoría ciudadana reclama respuestas a estos  problemas, los políticos en el gobierno concentran todas sus energías en discutir la segunda vuelta electoral para mantenerse y concentrar más poder, olvidándose que la política es el arte de trabajar por el bien común.

Adicional a los problemas de la cotidianeidad, existen otros temas que merecen la atención de todos los panameños, ya que tiene que ver  con los derechos humanos y con la salud  de nuestra democracia.  Si no hay justicia y respeto a los derechos humanos no puede haber paz, que es al final de cuentas  lo que todos los habitantes de la República aspiramos. 

SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Como Asamblea Ciudadana no podemos quedarnos callados ante la situación que hoy viven los pueblos indígenas de Panamá, que son precisamente los más empobrecidos:

+No se nos olvidan los asesinatos, los heridos graves, las consecuencias funestas de los hechos de julio 2010, en Changuinola. Todavía no hay ningún responsable de tan execrables hechos.

+El pueblo Ngäbe, Buglé y Campesino sigue luchando por impedir la impuesta, ilegal e inconsulta hidroeléctrica del Tabasará.

+El pueblo Ngäbe de Riscó (Almirante) está sufriendo desde hace años el desalojo, arrinconamiento, discriminación por parte de la empresa AES con la represa Chan-75. En estos días están a punto de inundar sus tierras.

+El pueblo Naso sufre desde hace años el despojo de tierras y ahora tiene encima otro macro proyecto (Hidro-Teribe) que le causará muchos más daños.

+El pueblo Emberá de Arimae no sólo ha sufrido despojo de tierras y recursos sino que ahora tiene que luchar en la calle por defenderlos.

+¿Y el pueblo Kuna de Madungandi? Llevan más de 30 años de protesta por el despojo de sus tierras y recursos? ¿Qué se va a hacer?

+¿Y la aprobación –tan anunciada- del Convenio 169 de la OIT? ¿Para cuándo? 

Exigimos respeto para nuestros pueblos originarios.

LAS VÍCTIMAS

Las victimas de la masacre de Changuinola, Los internos quemados en el centro de menores, los muertos y afectados por la ingesta de  dietilenglicol y todas las victimas de la irresponsabilidad negligencia estatal y de la violencia, en especial las mujeres, siguen cargando con las consecuencias tanto físicas como psicológicas, sin que el Estado le brinde una respuesta justa, equitativa y humana a sus necesidades y demandas sin que el sistema de justicia responda adecuada y oportunamente.

Se hace necesario crear con urgencia un fondo de apoyo económico e indemnización a las victimas y servicios de salud gratuita, atención sicológica, ayuda material y legal a todos estos panameños y panameñas.

LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y CULTURAL

Denunciamos el agudo deterioro que gran cantidad de proyectos, están  ocasionado al ambiente  en general y en especial a los recursos naturales, principalmente al agua a nivel nacional, permitido impunemente por nuestras instituciones y gobernantes, por lo que hacemos un llamado a todos los panameños, a frenar los daños al ambiente y mejorar el actual sistema, mediante la plena participación ciudadana en las decisiones del Estado, para evitar que la inversión pública y los negocios privados irracionales y contra el ambiente, prevalezcan sobre la vida digna de nuestro pueblo. 

Consecuentes con nuestro principio, que toda actividad del Estado, debe responder a la mejor calidad de vida y la integridad de la dimensión ambiental  del país, denunciamos y nos oponemos firmemente a la forma inconsulta, prepotente y violatoria de los derechos humanos, mediante la cual el poder ejecutivo,  las empresas eléctricas y de minería están procediendo contra los pueblos originarios y los recursos naturales,  entre ellas las hidroeléctricas, Chan 75, Barro Blanco y las mineras de Petaquilla,  Cerro Colorado, Cerro Chorcha y Cerro Quema, a las cuales se oponen en forma digna y ejemplar los pueblos originarios.

De igual manera exigimos al Ministerio Público una prolija investigación sobre las denuncias hechas en los medios de comunicación social sobre el manejo y la manipulación de los desechos tóxicos hospitalarios en el país, lo que puede producir enfermedades fatales a la población.

LOS MEGA PROYECTOS

Hacemos un llamado al Ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, para que suspenda el proyecto de la Torre Financiera porque, lejos de resolver la crisis social y económica del pueblo panameño, representa una amenaza irrefutable al Hospital Público más importante del país. Además de ser una obra con intereses claramente privados y con efectos destructivos del entorno ambiental de la Ciudad de Panamá, al igual que la Cinta Costera III, que atentan contra el patrimonio nacional y mundial que es el Caso Antiguo y otros megaproyectos, que solo están pensados a favor del “crecimiento económico” y no de la calidad de vida, el patrimonio, histórico y cultural, así como los valores de nuestra identidad pluricultural del ser panameño y de los derechos humanos de los ciudadanos.

INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

Es decepcionante como sigue imperando en Panamá el clientelismo y nepotismo  político cuasi institucional en todas las instituciones públicas. La excesiva  centralización en todos los aspectos económicos  del Estado incluida el exceso de contrataciones directas que solo permite incrementar la inequidad, el abuso, la inseguridad jurídica  y la  falta de trasparencia en la actuación de todos los órganos del Estado. 

JUSTICIA

Rechazamos la forma como se sigue seleccionando a los magistrados de la Corte suprema de Justicia desconociendo los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia.  La escogencia de personas vinculadas al Órgano Ejecutivo solo  traerá más percepción de politización de la administración de justicia y profundiza la crisis en la que está sumergida la justicia panameña, lo cual favorece la criminalidad y la inseguridad jurídica.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Gobierno, luego de casi dos años de gestión, sigue sin tener una hoja de ruta en materia de corrupción.  No ha habido avances en materia de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas y de la Convención Interamericana contra la Corrupción, sin embargo, ante los escándalos como el denunciado en la Dirección de Migración, el Ejecutivo en vez de reconocer la debilidad institucional de esta dependencia del Estado, y los abusos que se cometen en la misma so pretexto de potestades discrecionales mal utilizadas, decide salir en defensa de lo indefendible y desconocer la corrupción generalizada que existe en ésta y en otras instituciones del Estado. 

Es alarmante el escándalo de posible infiltración de dinero de blanqueo de capitales en la pasada campaña electoral, sin que hasta ahora veamos una actuación del Tribunal Electoral  y el Ministerio Público. Es obligante que la Asamblea de Diputados apruebe como parte de las reformas electorales el control del financiamiento privado y el tope a los gastos de campaña, para evitar que esto se vuelva a repetir en la próxima campaña electoral. 

El Ministerio Público, el Consejo de Transparencia contra la Corrupción y la Defensoría del Pueblo deben dar seguimiento a las denuncias de los últimos meses sobre corrupción de funcionarios públicos, denuncias sobre peligros a la salud de la población.  Al igual que seguimos a la espera de las investigaciones que se siguen por la posible infiltración de narcotráfico en el Ministerio Público.     

LAS LIBERTADES.

Tenemos que rechazar enérgicamente el acoso y la campaña de desprestigio y anónimas contra activistas de sociedad civil y periodistas. La libertad de expresión debe ser respetada y todos los panameños debemos exigir una prensa libre que denuncie la corrupción. Abogamos por el fortalecimiento del periodismo investigativo.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Hacemos un llamado a la comunidad universitaria y especialmente a sus profesores  a revisar lo que está sucediendo en la casa de Mendez Pereira. Es lamentable que un proceso que debe ser democrático y de altura para ejemplo de todos los panameños tenga hoy tantos y tan serios cuestionamientos. La Universidad de Panamá debe ser ejemplo de democracia, transparencia y libre juego de ideas. Esperamos unas elecciones absolutamente donde no se usen los recursos públicos a favor de ningún candidato y un voto a conciencia y por Panamá. La universidad también debe ser verdadera conciencia crítica de la nación y no lo está siendo.

ANTE EL LLAMADO DEL EJECUTIVO PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Rechazamos la propuesta que las clases políticas nos quieren ofrecer: “una reformas más”, por tanto, nos comprometeremos a profundizar las condiciones para que logremos tener una Nueva Constitución

La Asamblea Ciudadana somos conscientes que el país ha definido la necesidad de dar pasos decididos para un verdadero proceso de una constituyente que establezca las bases  del pacto político y social y determine las relaciones del poder público y las relaciones con los ciudadanos. 

Entendemos que este poder Constituyente se caracteriza por ser un poder originario, pues solo pertenece al pueblo, quien lo ha de ejercer de manera directa o por medio de las representaciones que elija. Entendemos además que es un poder inalienable, consecuente con su origen en la soberanía popular.

Como tal el proceso constituyente ha de atravesar por distintos momentos hasta concretar todas las condiciones necesarias para que dé origen a ese nuevo Pacto Social que ha de concretarse en una Nueva Constitución que consagre las nuevas relaciones sociales y políticas, con sus nuevos estructuras coherentes con la democracia participativa y deliberativa por la que apostamos como ciudadanos y ciudadanas panameño/as

Insistiremos en producir un debate abierto, trasparente que nos ayude a definir los grandes temas que como sociedad queremos producir un nuevo Pacto social para una nueva sociedad.

Panamá, 28 de mayo de 2011.

 

GRAN MARCHA “POR EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA” -POR EL RESPETO A LA VIDA, EL AGUA Y LA DEMOCRACIA-

In derechos humanos, ecología on febrero 19, 2011 at 1:44 pm

Participa con tu familia este domingo 20 de febrero de 2011, Cinta Costera, desde la rotonda de Paitilla.

Invitan: Asociaciones Ambientalistas y de Derechos Humanos, Federación de Comunidades de Áreas Revertidas y Asamblea Ciudadana de Panamá.

Los ciudadanos y ciudadanas que participamos en la marcha de hoy 20 de febrero del 2011 presentamos a las autoridades de la República el siguiente pliego de peticiones:

1- La derogación de la Ley 8 de 11 de febrero de 2011, que reforma parcialmente el Código Minero.

2- La adopción de la Anteproyecto de Ley “Por el cual se reforma el código de Recursos Minerales, declarando una moratoria en las actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones” (iniciativa ciudadana No. 32)

3- El respeto a la autonomía de los pueblos, principalmente de los indígenas y campesinos, que merecen ser consultados y tomados en cuenta sobre las decisiones tomadas con relación a los proyectos mineros y de infraestructura en su territorio.

4- La ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y Tribales de 1989, que exige que el consentimiento previo, libre e informado para que ellos decidan sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.

5- La promoción por parte de nuestras autoridades de otras alternativas distintas a la minería para el desarrollo económico de nuestro país, como el turismo ecológico, la ejecución de negocios ambientales y sistemas para el pago por los servicios ambientales para el combate de la pobreza, en sectores donde existe gran diversidad biológica y existen concesiones mineras, como el Corredor Biológico Mesoamericano.

6- El fortalecimiento de la institucionalidad ambiental de cada entidad y el restablecimiento del Sistema Interinstitucional del Ambiente, con mecanismos de toma de decisiones participativa con personal idóneo y a través de procesos transparentes.

7- El rescate de los organismos de consulta, como las Comisiones Consultivas Ambientales en los Distritos, corregimientos, Comarcas y principalmente se requiere de la instalación inmediata de la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente donde hay una representatividad de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones para determinar la política y establecer las normas de minería, energía y todas las otras de trascendencia nacional, ambiental, según establece la Ley.

8- Una ley General del agua para ordenar las políticas de estado encaminadas a proteger el recurso hídrico del país.

9- Instar al Ministerio Público y a las autoridades judiciales a acelerar la depuración de responsabilidades materiales e intelectuales en los sucesos de Changuinola del 2010 y del Centro de Menores. Pedimos al gobierno establecer una política justa de indemnizaciones a los afectados por los abusos policiales.

Panamá, 20 de febrero del 2011.

El retroceso de la democracia en Panamá

In derechos humanos, sistema político on diciembre 9, 2010 at 9:50 pm

PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Conscientes del papel que tienen  los ciudadanos y ciudadanas del país en la construcción y fortalecimiento de la democracia, señalamos a continuación de manera cronológica, los hechos que han ocurrido durante  el año 2010, que afectan los derechos humanos. Lo primero que afecta la institucionalidad democrática y los controles y contrapesos que deben existir en un Estado de Derecho es el afán del   Órgano Ejecutivo de querer controlar los otros poderes del Estado, así como una política de permanente confrontación con la sociedad civil organizada, demostrando poco respeto por la democracia participativa.

Presentamos el siguiente recuento de algunos de los hechos que han afectado y afectan los derechos humanos y la institucionalidad democrática del país:

  1. La exclusión de la sociedad civil del Consejo Nacional de Transparencia creado por el Decreto Ejecutivo 179 del 27 de octubre del 2004.
  2. La eliminación de facto de la carrera administrativa, creada por la Ley 9 del 20 de Junio de 1994, lo que facilita el nombramiento por clientelismo político y  ha provocado despidos masivos en el sector público.
  3. Las escuchas telefónicas sin autorización judicial, validadas por el  Decreto Ley 51, del 18 de septiembre de 2009.
  4. El aumento de las penas a los menores,  la rebaja de la edad de imputabilidad del menor de edad a 12 años, mediante Ley 6 de 8 de marzo 2010 y la reforma que estableció la detención preventiva ilimitada del menor, que viola garantías establecidas en  la  Convención de los Derechos del Niño.
  5. La creación del Consejo de Seguridad, mediante, Decreto ejecutivo 263 del 19 de marzo de 2010, con más poderes que los decretos de seguridad que fueron tan criticados en el anterior gobierno.
  6. La escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, obviando los procedimientos y recomendaciones de la comisión evaluadora para la escogencia de magistrados creada por el propio presidente.
  7. La criminalización de la protesta social con penas de 6 meses a 2 años, mediante, la Ley 14 de Julio del 2010.
  8. La destitución de la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, a través de un proceso politizado y muy cuestionado desde el punto de vista jurídico  y que concluyó  con una sanción desproporcionada e ilegal, al triplicar su periodo de inhabilitación de funciones como pena accesoria.
  9. El nombramiento impropio de un  Procurador suplente  mediante la Resolución 10 del 8 de Enero del 2010, violentado los requisitos que establece la Constitución para ocupar este cargo.
  10. El indulto ilegal otorgado a agentes encargados de hacer cumplir la ley, por la Resolución Ejecutiva 434 del 9 de octubre de 2009, y los recientes indultos a agentes condenados por maltrato de reclusos.
  11. La aprobación de la “Ley Chorizo”, Ley 30 de 16 de junio del 2010, que pretendió desconocer derechos adquiridos de los trabajadores y otros derechos humanos,  lo que provocó violencia y confrontación innecesarias en la sociedad panameña.
  12. El Decreto Ejecutivo 537 de 2 de junio del 2010, que impone un sistema de elección a las autoridades tradicionales de nuestros pueblos originarios Ngöbe y Buglé con la convocatoria a elecciones violentando lo dispuesto por las autoridades tradicionales, lo que  provocó el mayor abstencionismo en la historia de las elecciones en  dicha comarca.
  13. La negación del Estado panameño en ratificar el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
  14. La violación flagrante a los derechos humanos y a las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre el uso racional de la fuerza, al utilizar perdigones de plomo para reprimir las protestas, que se dieron en la provincia de Bocas del Toro en julio pasado, que tuvo como consecuencia la muerte de trabajadores, la perdida de la visión de más de 50 personas y las lesiones corporales de muchos. (ver Human Rights Report Changuinola July 7-11 2010, Informe de la Defensoría del Pueblo e Informe de la Comisión nombrada por el Consejo de Gabinete).
  15. Las detenciones de más de 300 personas que se dieron el 10 de julio del 2010 durante las manifestaciones y reuniones de organizaciones sindicales y gremiales, violando los artículos 21 y 22 de la Constitución, que estipulan que todas las personas al momento de su detención deben ser informadas de las razones de su detención y que podrán ser asistidos por un abogado.
  16. El hostigamiento  a los miembros de algunas  organizaciones de la sociedad civil y gremios de periodistas, utilizando intimidaciones verbales a través de “amigos”, coacción a directivos de los medios e inspecciones fiscales (ver declaraciones públicas de Alvaro Alvarado, Guido Rodríguez y Guillermo Antonio Adames). Todo esto afectando el derecho a  la libertad de asociación y de expresión.
  17. La utilización de instancias gubernamentales como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, para intimidar a todo aquel que emita una opinión contraria a los designios del gobierno. (Ref. auditorias a Medcom, Panamá América, Omega Radio, y sindicatos diversos).
  18. El otorgar asilo territorial a una investigada en Colombia, por un delito penal de escuchas telefónicas ilegales y otros delitos de lesa humanidad, aduciendo una “decisión soberana del Estado Panameño”, lo que evidencia una doble moral frente a la enérgica condena emitida contra la Procuradora por haber autorizado una escucha telefónica en un caso de extorsión por parte de un subalterno del Ministerio Público.
  19. La propuesta de modificaciones al Código de Minas para permitir el usufructo de la riqueza minera nacional por parte de Estados extranjeros, sin contemplar el interés superior de la nación y sin la participación de las comunidades originarias, los grupos ambientalistas y la ciudadanía en general.
  20. La promoción y aprobación de proyectos mineros metálicos que provocan la fragmentación del Corredor Biológico Mesoamericano, causando  daños permanentes a sus ecosistemas. Esto a través de la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental que no reúnen los requisitos básicos necesarios para mitigar y compensar los impactos negativos adecuadamente, y reducir al mínimo los riesgos ambientales.
  21. La desatención del gobierno a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en protección de indígenas panameños, violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  22. La inadecuada gestión de las áreas protegidas del país, que propicia, entre otros, la afectación de humedales de importancia internacional, incumpliendo la Convención Ramsar, ratificada mediante Ley 6 de 3 de enero de 1989.
  23. La violación a las regulaciones de la UNESCO en el Casco Antiguo, con la extensión de la cinta costera, en lo que respecta a la protección de las zonas consideradas como Patrimonio de la Humanidad.
  24. Lo sucedido durante el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, por sus implicancias adversas para el conjunto de la sociedad panameña, y con el particular impacto negativo que los resultados tendrán para la población afrodescendiente del país.
  25. No se ha previsto los recursos financieros o humanos necesarios para la efectiva aplicación de  la Ley de Igualdad de Oportunidades y la  Ley 4 de 29 de enero 1999. El Decreto Ejecutivo #52 de junio de 2002 que la reglamenta, no establece mecanismos de control efectivos, ni sanciones, ni incorpora estructuras destinadas a la presentación e investigación de denuncias por casos de discriminación contra la mujer (ver Informe de la CEDAW del 5 de febrero del 2010).

A todo esto debemos agregar algunos compromisos de Estado incumplidos:

  • La postergación del sistema penal acusatorio
  • La postergación de la descentralización municipal y la Ley de participación ciudadana.
  • La falta de seguimiento a los acuerdos  de la Concertación Nacional y de la Comisión de Estado por la Justicia.
  • El no respeto a los espacios de consulta como la Comisión Nacional de Reformas Electorales
  • La falta de seguimiento a los acuerdos de Changuinola con respecto a las personas afectadas.
  • La destrucción de los cursos de aguas y ríos para la construcción de hidroeléctricas sin planificación ni sustentación técnica alguna.
  • El incremento de la canasta básica.
  • El aumento de la inseguridad ciudadana.
  • La falta de medicamentos y de atención en la Caja del Seguro Social, particularmente a los afectados por el Dietilene glycol.
  • La eliminación del control previo como mecanismo básico para fiscalizar los gastos del Estado.

Todos estos son síntomas y signos del debilitamiento de la democracia que  debe invitarnos a reflexionar sobre los que está sucediendo con nuestras instituciones y con los valores democráticos del país y frente a lo cual permaneceremos vigilantes.

Los derechos humanos son irrenunciables y para que exista plena vigencia de estos derechos es importante tener Órganos del Estado que funcionen separadamente y que exista una prensa libre y una sociedad civil que pida cuentas y cuestione los abusos de poder.

Dado en la ciudad de Panamá a los 9 días del mes de diciembre del 2010.

Comunicado a la Nación de la Asamblea Ciudadana

In derechos humanos on diciembre 9, 2010 at 9:41 pm

La Asamblea Ciudadana, conformada por asociaciones, gremios, sindicatos, grupos y activistas ciudadanos, en conmemoración del día Internacional de los   Derechos Humanos a celebrarse el 10 de diciembre, quiere por este medio resaltar la importancia de la activa participación de los ciudadanos en la defensa, promoción y protección de los derechos inherentes a todo ser humano.

Con fundamento en lo expresado y en los principios de nuestra Asamblea Ciudadana, denunciamos los hechos que han ocurrido durante el año 2010, que afectan los derechos humanos y por ende la institucionalidad democrática del país.  Rechazamos los atentados contra el Estado de Derecho, las acciones represivas, que han causado muertes y las graves lesiones permanentes a humildes panameños, así como las reiteradas intimidaciones y confrontaciones con  los sectores representativos del país, especialmente, contra miembros activistas de derechos humanos.

La Asamblea Ciudadana reitera el compromiso ineludible con nuestra nación, de promover y defender los derechos humanos, las libertades y la participación ciudadana, con el fin de lograr  la construcción de una democracia plena y el desarrollo humano sostenible.

Hacemos un llamado a las más altas autoridades nacionales, para que cese toda acción que pretenda impedir el libre ejercicio de la democracia participativa y en especial que se garantice el respeto a los activistas y defensores de los derechos humanos. A la vez convocamos al pueblo panameño y a cada una de sus organizaciones, para que nos mantengamos activos en la defensa y la denuncia frente a las violaciones a los derechos humanos.

Ciudad de Panamá, 9 de diciembre de 201

ORGANIZACIONES DE LA ASAMBLEA CIUDADANA

Asociación Ecologista Panameña

Asociación de Derecho Ambiental

Asociación Panameña de Derechos Constitucional

Asociación Conciencia Ciudadana

Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Alianza Rastafari.

Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá

Centro de Asistencia Legal Popular.

Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP)

Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)

Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social (CEPAS)

Centro de Estudios y Capacitación Familiar.

Centro de Trabajo sobre Seguridad Social

Consumo Ético.

Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena

Human Rights Everywhere

Federación de Asociaciones de Profesionales  de Panamá

Federación Independiente de Trabajadores Públicos de Panamá. FITRAPP

Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

Manos & Cerebros

Movimiento de Abogados Gremialistas.

Movimiento de Ecología Política. Hombres y Mujeres Verdes de Panamá

Movimiento  de la Juventud Kuna.

Unidad de Lucha Integral del Pueblo.

Observatorio Panamá Afro.

Sindicato de Periodistas de Panamá.

Voces libres de Panamá

CIUDADANOS Y CIUDADANAS

Angela Figueroa

Aixa Estela Quirós

Carlo Lee

Celia Moreno

Betito Quirós Guardia

Serge Serrano

Idalia Martinez

Alma Montenegro

Jose Eulogio Torres

Margarita Arosemena

Educación y Estado de Derecho

In derechos humanos, juventud on diciembre 3, 2010 at 10:37 am

Presentación en la Conferencia Educación y Derechos Humanos, realizada el 30 de noviembre de 2010, en ocasión de las actividades por el Día del Maestro, de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVe)

I. ESTADO DE DERECHO Y DERECHOS HUMANOS

1. El Estado de Derecho es una constante del discurso jurídico político, como el concepto de democracia, derechos humanos, entre otros.

2. Son conceptos de la ciencia social, caracterizada como toda ciencia por la posibilidad de equivocación y corrección en la búsqueda del conocimiento más objetivo posible de un fenómeno, dentro de la subjetividad social del trabajador.

3. Cabe discutir los conceptos, sobre la base de argumentos fundados en la razón, mediante un diálogo de saberes y visiones del mundo.

4. El Estado de Derecho es una idea, un elemento del discurso, del cual no cabe por tanto plantearse su existencia en términos absolutos, sino el problema de su realización a partir de lo que entendamos por el concepto, para verificar avances y retrocesos en la vigencia efectiva de los derechos ciudadanos que dan contenido real a una democracia. También hay que recordar que no existe Estado de Derecho en sí, sino individuos en diferentes instancias interpretando las normas de acuerdo a ciertos criterios, que llegan a ser considerados como ley.

5. Es un producto del imaginario liberal que surge en oposición al poder absoluto, caracterizado por la ausencia de libertades, concentración de poder e irresponsabilidad del Estado por la actuación de sus funcionarios, que en términos simples plantea

  • en sentido mínimo e histórico, supone la existencia de ley escrita y pública, promulgada por la autoridad competente, para regular eventos de la vida social, con aplicación a los hechos posteriores a su existencia, de manera transparente, por las instituciones correspondientes.
  • limitación de la actividad gubernamental a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca.
  • por ende la reivindicación de una serie de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, entendiendo como tales según la doctrina dominante los derechos civiles y políticos.

6. Panamá se proclama oficialmente como un Estado de Derecho en el Artículo 2 de la Constitución Política de la República de Panamá: el poder público es ejercido por el Estado conforme lo establecido en la constitución, por medio de los 3 órganos, (…) las autoridades están instituidas para (…) asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. te el Artículo 18 de la misma norma: Los servidores públicos son responsables por infracción de la Constitución y la ley, extralimitación u omisión en el ejercicio de funciones.

7. Desde la perspectiva constitucional se habla del desarrollo histórico del Estado de Derecho, desde el modelo liberal constitucional (formal, sobre derechos civiles y políticos, declarado insuficiente), democrático (sufragio universal, partidos políticos, procesos electorales, mecanismos de control sobre el poder), el Estado social (derechos laborales, limitaciones a la propiedad privada, intervención en la producción), de bienestar (prestación de servicios públicos) establecido en el siglo XX como mecanismos de contención de movimientos de transformación social, y se puede hablar de uno cultural (desarrollos constitucionales recientes en Suramérica). Podemos hablar también de un Estado de Derecho neoliberal, aunque no configurado a nivel constitucional sino en lo concreto, que enfatiza el marco de seguridad jurídica a la propiedad privada y libertad para los capitales, desregulación y flexibilización de sectores estratégicos para abrir los servicios sociales, el trabajo y los recursos naturales y culturales a la lógica de mercado, con la consecuencia de agudizar las desigualdades estructurales, los niveles de exclusión social, la negación de ciudadanía y la posibilidad de desarrollo democrático.

8. El conflicto con el Estado neoliberal está en el énfasis regulador y represivo y la anulación de posibilidades emancipatorias, en que los derechos humanos, todos, se concretan (o no) por la capacidad de acceder económicamente a la satisfacción de necesidades dentro del sistema de libre mercado, por tanto su aplicación conduce a la negación en la práctica de derechos fundamentales.

9. Desde una perspectiva del sistema legal, se distingue entre Estado de Derecho:

  • Por existencia de la Ley, sin embargo cualquier sistema autoritario tiene una ley, incluso a nivel constitucional.
  • Por origen de la Ley, pero el procedimiento y origen puede ser correcto, y violentar derechos fundamentales.
  • Por aplicación de la Ley, aunque la observancia de la ley solamente garantiza la existencia de las relaciones de poder reflejadas en la norma y no necesariamente algún valor positivo.
  • Por contenido de la Ley, pero los derechos pueden ser reconocidos en el derecho positivo, pero no existir en la vida social.

10. Por tanto, no todo imperio de la ley es un Estado de Derecho.

11. Una definición muy básica de derecho, una entre tantas posibles, lo define como el conjunto de principios y normas, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Cualquier concepto de derecho va a relacionarse con la producción y mantenimiento de un orden del sistema social, estabilidad en las relaciones dentro de tal sistema, es decir seguridad: ciudadana, social, nacional, humana, de las inversiones, entre otras.

12. Sociológicamente podemos dividir el derecho en 2 dimensiones según sus fines y resultados: regulatoria (por ejemplo el derecho corporativo transnacional) y emancipatoria (derecho internacional de los derechos humanos, aún considerando su acento moderno, occidental, eurocéntrico, necesitado de reformulaciones desde nuevas realidades) enfatizando siempre el carácter del derecho como producto social, ideológico, político, por lo que “la manera en que el potencial del derecho evoluciona, ya sea hacia la regulación o hacia la emancipación, no tiene nada que ver con la autonomía o reflexividad propia del derecho, sino con la movilización política de las fuerzas sociales que compiten entre sí (De Sousa Santos)”.

13. El problema de “qué derecho” conduce a la respuesta: derechos fundamentales, lo que no resuelve sino que traslada el problema al plantear qué es un derecho fundamental, o qué hace fundamental un derecho.

14. La doctrina liberal dominante habla de los derechos civiles y políticos, lo cual se refleja en las diferencias en la protección de los derechos, mucho menores cuando se refieren a los derechos económicos sociales y culturales, entre ellos el derecho a la educación. En este punto se encuentra el problema de su carácter programático, la realización progresiva de derechos, no exigibilidad, no justiciabilidad.

15. Nuestra tesis es que incluso en términos de derechos civiles y políticos, Panamá puede denominarse un Estado Constitucional de Derecho (requisito meramente formal, la existencia de una norma reconocida como superior en el sistema legal), una democracia política (caracterización estrictamente formal en el sentido minimalista de la democracia, es decir, realización periódica de elecciones), a su vez (esta democracia) restringida a opciones políticas dentro de un mismo marco ideológico, con graves deficiencias en el imperio de la ley y el respeto a los derechos tanto de minorías y/o mayorías.

16. Panamá, en sentido contrario a la reiterada presencia en el discurso jurídico y político de los conceptos, no es un Estado Democrático, un Estado de Derecho pleno, una democracia plena. Se podrá argumentar que ningún Estado en el globo lo es, que todos los Estados presentan deficiencias, que tales ideas permiten orientar acciones hacia un perfeccionamiento constante de la realidad, pero vale resaltar que enfocamos la dimensión de las carencias a partir de concepciones minimalistas de democracia y Estado de Derecho.

17. Nuestra tesis parte de la premisa que el individuo forma parte de una comunidad no solamente para asegurarse frente a otros, es decir, para tener limitaciones, sino para recibir beneficios de su participación en la comunidad.

18. Que la realización de los derechos económicos, sociales y culturales configura un estado de cosas que aparte de beneficiar per se al individuo, le permite participar de sus derechos civiles y políticos en una relación de igualdad, o por lo menos, menor desigualdad, respecto a quienes dominan la estructura económica y política de la sociedad.

19. Que el derecho a la educación es reconocido doctrinalmente como derecho fundamental, principalmente en un grupo humano (niñas, niños y adolescentes) que requieren atenciones especiales por sus condiciones específicas. Además es reconocido su papel en la realización de otros derechos.

20. Que el sistema legal no es solamente un conjunto de normas, sino un verdadero sistema que vincula instituciones y ciudadanos por una red de derechos y obligaciones correspondientes, facultades y responsabilidades, un sistema único, sobre el cual no tiene sentido lógico aplicar diferencias en la aplicación del derecho, y que el argumento económico (falta de recursos) no es suficiente al ver los indicadores de actividad económica y realizar comparaciones con otros países de características similares y resultados superiores en términos de realización de derechos, ciudadanía, democracia, Estado de derecho, conceptos profundamente relacionados unos con otros. Es decir, que el problema no está en la ausencia de recursos, en la producción, sino en la sobreexplotación y desigualdad en la distribución. Por lo tanto, solamente cabe la justificación ideológica a tal situación, el cálculo político sobre la ventaja económica.

21. Un Estado de derecho que solamente garantiza las libertades políticas formalmente reconocidas, necesarias pero insuficientes, los cuales solamente una mínima porción de la población tiene las capacidades de ejercerlos cabalmente, (cada día más restringidas por la realidad social y por la normativa), que ni siquiera garantiza los derechos civiles, mal puede llamarse Estado de derecho.

22. Que un Estado de derecho, democrático, se tiene que calificar en relación a todos los derechos humanos, de acuerdo al principio de indivisibilidad, interdependencia, integralidad de esta doctrina. Buscamos entonces la aplicación real o vigencia efectiva de leyes justas generadas legítimamente.

23. Una aclaración: nuestra visión sobre los derechos humanos parte del auto reconocimiento como entes materiales de un sistema social inserto en el ecosistema global; por lo tanto comprendemos como condición necesaria la protección de los derechos de la naturaleza como bien universal sobre el cual se desarrollan los procesos económicos, sociales y culturales, reconociéndose derechos relacionados, los cuales a su vez son condiciones imprescindibles para la realización efectiva de los derechos y libertades civiles y políticos, requisitos de una democracia sustancial y profunda. Esta inversión doctrinal proviene de una ubicación en la realidad material del ser humano y no se traduce en un intento de jerarquización entre derechos ni pretende priorizar, aunque efectivamente identifica bases y fundamentos materiales a todo el edificio teórico de los derechos humanos.

24. Si la idea de Estado de Derecho tiene determinado origen ideológico y político, que se ha mostrado insuficiente, entonces podemos descartarlo, condenarlo, olvidarlo, o desarrollarlo, ampliarlo, profundizarlo, como concepto en sí, frente al poder arbitrario y sin limitaciones.

II. LA EDUCACIÓN COMO DERECHO HUMANO

Breve preámbulo necesario: la visión de la educación en los planes estratégicos de gobierno

25. En la Visión Estratégica de Desarrollo y Empleo hacia el 2009, marco de las políticas públicas durante el gobierno PRD-PP del quinquenio 2004-2009, educación y salud se presentan como instrumento orientado al crecimiento económico, la productividad, la competitividad, es decir se le ve estrictamente desde la economía, expresando una visión de la sociedad y el papel del ser humano. Finalmente, también se le considera medio de generar “mejores ciudadanos”.

26. El Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014 es la hoja de ruta de la acción de gobierno en busca del objetivo general de lograr un crecimiento económico sostenido presentado por la alianza CD-Panameñista-Molirena-UP, como condición previa y necesaria al bienestar social. Habla de la calificación y especialización de la mano de obra con énfasis en los motores de crecimiento económico: turismo, agricultura para la exportación, servicios off shore, salud privada, servicios marítimos y sedes de empresas multinacionales.

27. Respecto a este último documento vale la pena resaltar un punto: reconoce el crecimiento económico de las últimas décadas señalando que el mismo no ha sido acompañado de capacitación a los trabajadores, con el resultado de “salarios relativamente altos (Ej., B/.312.00 al mes en manufactura, comparado con B/.217.00 al mes en Colombia y B/.134.00 al mes en China)” en un nivel normal de tasa de desempleo (6.2% en 2008).

28. Estas palabras se pueden traducir entonces, que la principal fuerza productiva (la comunidad) ha sustentado a pesar de las deficiencias reales señaladas al sistema educativo (las que sin embargo, no se encuentran únicamente a lo interno del mismo, ni siquiera principalmente), un crecimiento económico considerable que no se ha traducido en mejores condiciones de vida, y que por el contrario el sector empresarial, a pesar del incremento en sus ganancias y la pérdida de peso de los salarios en el conjunto de la economía nacional, considera que el pago que ofrece por la fuerza de trabajo es comparativamente alta, y propone transformaciones a la educación desde la óptica del capital y no los derechos humanos, para obtener mayores ganancias con el discurso de lograr bienestar a través del crecimiento, tesis del derrame la cual ha sido reiteradamente demostrada como falsa, totalmente asumida por el actual gobierno. Derechos humanos dentro del sistema educativo: educación (estudiantes), derechos laborales (docentes) y medio de realización de otros derechos (comunidad).

29. Derechos laborales: la crítica al desmejoramiento de las condiciones de trabajo docente hasta niveles “inaceptablemente bajos”, el derecho de los docentes a la organización, la negociación colectiva y a un pago justo, son considerados como parte fundamental el derecho a la educación en los desarrollos doctrinales. Los estándares mínimos en materia de derechos de los trabajadores son el derecho de sindicación, negociación colectiva y la huelga, desarrollados junto a temas como participación, jornada, salario, seguridad social, estabilidad, no discriminación y respeto a la dignidad humana.

30. En cuanto a la actividad gremial, se debe profundizar el paso de una conciencia reivindicativa, centrada en lo económico, hacia una conciencia de transformación de la sociedad, que incluye pero no se concentra en la anterior, ampliando la comprensión del proceso educativo en relación a todos los sujetos de la comunidad.

31. Derecho a la educación: se encuentra en estrecha relación con los derechos del niño, sin limitar su carácter universal, siendo desarrollado en distintos cuerpos de la normativa internacional de derechos humanos a partir de los siguientes principios:

  • universalidad y no discriminación.
  • obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria.
  • progresiva gratuidad de la educación secundaria y superior.
  • generalidad y diversidad de la educación secundaria, para atender distintas necesidades en distintos contextos sin perjudicar la formación general (integral) de los estudiantes.
  • apertura y accesibilidad de la educación superior.
  • primacía del interés superior del estudiante.
  • mejora continua de las condiciones materiales del equipo docente.
  • enseñanza especial para discapacitados.
  • deber de adoptar medidas para fomentar la asistencia y reducir las tasas de deserción.
  • administración de disciplina con respeto a la dignidad del niño.

32. El valor de los principios señalados toma sentido ante los objetivos consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos respecto a la educación: “la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz… debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz” además de “sus aptitudes y capacidad mental y física al máximo de sus posibilidades… respeto a sus padres, identidad cultural, idioma y valores individuales, nacionales y universales” así como al medio natural, en lo que se refiere al niño específicamente.

33. En la Observación General Nº1 del Comité sobre los Derechos del Niño (2001) sobre Propósitos de la Educación (artículo 29.1 de la Convención sobre Derechos del Niño), se señalan como objetivos de la educación el desarrollo holístico del niño, alrededor y en beneficio del niño, hasta el máximo de sus posibilidades incluyendo criterios de derechos humanos, identidad, integración e interacción positiva con la sociedad y el ambiente.

34. Cobra aún más sentido a la luz de los desarrollos doctrinales sobre el alcance de las normas, entre éstas:

  • se debe realizar una interpretación evolutiva del derecho en cuanto a los objetivos de todos los niveles de la educación, de cara a la ampliación del derecho hacia elementos no contemplados en los primeros pactos, por ejemplo, el tema ecológico.
  • la educación en todas sus formas y niveles debe considerar en primera instancia el interés superior del alumno. Se observa mayor trascendencia en educar a los niños en tanto que personas con derechos, no solamente educar en derechos humanos, y en lugar del niño tener que adaptarse a la educación disponible, se adapte “la educación al interés superior de cada niño” tomando en cuenta “el derecho de cada niño a ser considerado y respetado como diferente”.
  • la base de la obligación estatal respecto a la educación es su carácter de bien común y la escolarización institucionalizada es un servicio público.
  • la educación como derecho humano no puede depender del libre mercado donde el acceso lo determina el poder adquisitivo.
  • la educación centrada en la acumulación de conocimientos y el estímulo de la competencia “puede ser un grave impedimento para el desarrollo armonioso del niño”.
  • las consecuencias de negar el derecho a la educación no se pueden reparar retroactivamente, por lo que enfatiza en la responsabilidad financiera del Estado y la prioridad presupuestaria que debe tener la educación.
  • frente a la condición jurídica doble como derecho y servicio comercial adquirida por la educación desde finales del siglo XX, las estrategias internacionales y nacionales de desarrollo y educación deben observar la normativa internacional de derechos humanos.

35. Hay que subrayar la importancia del principio de interés superior del estudiante, pues es el que da sentido a la educación en cuanto proceso social y a la institucionalidad educativa, al reconocerse el papel esencial de la educación como medio de realización integral del ser humano. Tal visión a lo interno del derecho humano a la educación en específico, es consecuente con la centralidad que ocupa dentro del sistema de los derechos humanos el concepto de dignidad humana, y el objetivo de protección de la persona frente a toda forma de poder, además, esta interpretación es concordante con los principios de interés superior del niño (artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño) y respeto a las opiniones del niño (artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño), los cuales deben ser considerados en la elaboración y aplicación de políticas, programas y normas que afecten las condiciones y perspectivas de vida de los niños (como en efecto lo es el tema educativo).

36. Estos principios sobre derechos del niño, señalan la necesidad de considerarlos como personas con derechos en lugar de la tradicional percepción del niño (y en la educación, el estudiante) como objeto, así como favorecer los espacios que satisfagan el derecho del niño a expresar su opinión y participar en los asuntos que les afectan y a la vez, no supeditar los derechos de los niños a los intereses de los adultos. Una adecuada incorporación de estos principios a lo largo de todo el proceso educativo, en equilibrio con la participación de otros actores del mismo, fortalecen el respeto a los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad educativa, sin discriminación, desde una posición de igualdad y dignidad inherente como seres humanos, tanto en el sistema educativo como en todo el sistema social, incluyendo desde luego, el sistema productivo.

III. FINAL

37. Entendido en tales términos el “qué” de los derechos humanos vinculados al proceso educativo, sostenemos la tesis de la necesidad del derecho a la educación y los derechos económicos, sociales y culturales como necesarios para la construcción de un Estado de Derecho integral, democrático, de ciudadanías completas.

38. La intención de centrar la exposición sobre derechos humanos, en el Estado de derecho, en los derechos económicos, sociales y culturales, específicamente en el derecho a la educación en niños y adolescentes, en la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVe), surge al considerar el papel trascendental que pueden realizar los docentes en la construcción democrática de un país, lo que debe traducirse en un profundo sentido de responsabilidad sobre esta tarea, en una autocrítica sobre la sociedad y nuestro papel en ella.

39. Los aspectos resaltados apoyan la idea que solamente se puede construir democracia en el aula con democracia en el aula, participación con participación, organización docente ayudando a la organización estudiantil para la organización social: el joven debe ser visto como sujeto de derechos, las políticas públicas sobre niños y adolescentes deben orientarse al desarrollo de potencialidades y no preferentemente a la represión, que no significa otra cosa que la ausencia de inversión social en tiempo oportuno. A eso debe estar dirigida la acción docente organizada, de acuerdo al lema “Quien no se atreve a luchar, no merece educar”.

Bibliografía consultada:

1. Diccionario de la Lengua Española, en www.rae.es

2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

4. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador, 1988)

5. Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

6. Observaciones Generales 13 “El derecho a la educación” sobre el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/1999/10, 8 de diciembre de 1999, en el 21º período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)

7. Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación (Katarina Tomasevski, E/CN.4/2004/45, 25 de enero de 2004, en el 60º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos)

8. O’Donnell, Guillermo

  • Polyarchies and the (Un)Rule of Law in Latin America (1998)
  • Why the Rule of Law Matters, Journal of Democracy, Volumen 15, número 4, John Hopkins University Press (2004)
  • Algunas reflexiones acerca de la democracia, el Estado y sus múltiples caras, (2008)

9. De Sousa Santos, Boaventura: Sociología Jurídica Crítica, 1° ed., ILSA, Colombia (2009)

Ramón H. Benjamín M.

Manos & Cerebros

Cartilla de Comunicación en Derechos Humanos

In derechos humanos on octubre 5, 2010 at 7:29 pm

Preparada para el 3er Foro Ideológico Derechos Humanos en Panamá. Contiene información sobre derecho, derechos humanos, su origen social y dimensión política, obligaciones del Estado, defensores de derechos humanos, entre otros.

1. El derecho es una forma de regular la vida en sociedad. Al ser producido, aplicado e interpretado por órganos de poder (legislativo, ejecutivo y judicial), refleja los intereses de quienes tienen acceso a esos poderes.

2. En cada grupo humano, desde la familia hasta los pueblos indígenas, existen normas que regulan la conducta individual, desde la moral hasta la ley. Al formarse los Estados y mientras éstos existan, el derecho estatal coexiste o trata de eliminar aquellas otras formas de regular las conductas de las personas.

3. La ley no es sinónimo de justicia. Una conducta de la autoridad amparada por la ley puede ser totalmente injusta, convirtiendo en un deber la resistencia a tal injusticia.

4. Un estado de derecho en el que no se respeten los derechos humanos no es un estado de derecho, es un régimen de leyes hechas a imagen y semejanza de quienes tienen el poder y ejercen el gobierno.

5. Mediante los derechos humanos se buscan garantizar condiciones de vida justas y dignas para toda persona sin discriminación por motivos de clase social, grupo étnico, religión, ideas políticas, país de origen, color de la piel, ni de ninguna otra naturaleza. 

6. Mediante los derechos humanos se protege a las personas, los grupos humanos y las comunidades contra abusos realizados por quienes tienen o ejercen el poder: gobierno, grupos armados, empresas privadas nacionales y transnacionales.

7. Los derechos humanos tienen su origen en las luchas de los grupos humanos por mejorar sus condiciones de vida, luego son reconocidos en la constitución y las leyes.

8. Toda persona tiene derecho a luchar por la efectividad de sus derechos, que le pertenecen aunque el Estado no los reconozca, proteja o garantice.

21. Los derechos humanos solamente alcanzan efectividad en la medida que nos apropiamos de su mensaje para enfrentar los abusos del poder, para exigir el respeto de nuestros derechos, para construir sociedades e instituciones comprometidas con los derechos humanos de las personas.

22. Explica el jurista Boaventura De Sousa Santos que “el destino de los derechos humanos depende estrictamente de la movilización política que los movimientos y organizaciones sociales puedan generar”, integrando las herramientas legales y políticas en acciones y movilizaciones amplias por los derechos humanos.

25. Contrariamente a lo que dicen los poderosos violadores de derechos humanos, quienes defendemos los derechos humanos no estamos defendiendo criminales. 

Por el contrario, exigimos la sanción justa y correspondiente a quienes cometen un delito, exigimos que se conozca la verdad, que se haga justicia y se repare en lo posible a la víctima, pero además, exigimos que las autoridades cumplan con su función de proteger la vida, honra y bienes de  todas las personas en el territorio del país, es decir, que protejan y garanticen nuestros derechos humanos para transformar la sociedad y mejorar las condiciones de vida de todos,  evitando la delincuencia.

25. Contrariamente a lo que dicen los poderosos violadores de derechos humanos, quienes defendemos los derechos humanos no estamos defendiendo criminales.

Por el contrario, exigimos la sanción justa y correspondiente a quienes cometen un delito, exigimos que se conozca la verdad, que se haga justicia y se repare en lo posible a la víctima, pero además, exigimos que las autoridades cumplan con su función de proteger la vida, honra y bienes de  todas las personas en el territorio del país, es decir, que protejan y garanticen nuestros derechos humanos para transformar la sociedad y mejorar las condiciones de vida de todos, previniendo la delincuencia.

descargar cartilla de comunicación aquí (completa)

Derechos Humanos en Panamá (Palabras de Introducción al 3er Foro Ideológico)

In derechos humanos, sistema político on octubre 5, 2010 at 6:50 pm

Acorralados entre las amenazas de despidos y aumento en el ritmo de explotación, atacados por la represión y obstaculizados por sindicatos manejados por la empresa, tras décadas de intentos por establecer una organización representativa de los trabajadores, en 1960, encabezados por un Comité de Huelga en la clandestinidad, los obreros bananeros de Bocas del Toro suspendieron labores, junto a los compañeros del Pacífico, rompiendo al fin con el cerco a la formación de sindicatos, logrando con su acción arrancar mejores condiciones de vida en los enclaves de la United Fruit, establecidos desde la separación de Panamá de Colombia.

Casi 6 meses antes de aquella separación era asesinado el único líder honestamente vinculado con las reclamaciones de los sectores más explotados del Istmo, Victoriano Lorenzo, antecedente necesario de todas nuestras luchas populares y quien en su sangre tenía la dignidad de quienes en su inmensa mayoría nunca se rindieron y optaron por adentrarse en las montañas o morir, desde aquel primer encuentro en 1503 que luego condujo al genocidio en todo el continente y a la realidad actual de más de 5 siglos de exclusión cultural, económica y política.

Siglos durante los cuales llegaron los negros del África sometidos a la esclavitud, principalmente en las primeras formas de la ruta entre los 2 mares, de donde nacen historias de cimarrones y palenques, en la construcción del Canal y en plantaciones. Hay que añadir una invasión militar en 1989 y la progresiva reducción de los derechos económicos y sociales desde hace décadas.

Antonio Smith y Virgilio Castillo, por lo menos, son los últimos nombres que se suman a la lista de manera notable, víctimas del autoritarismo y la prepotencia de un gobierno. Acompañan a Al Iromi Smith, Osvaldo Lorenzo y Luigi Arguelles, asesinados en el gobierno anterior, al pueblo Naso en lucha por su territorio, al pueblo Kuna defendiendo su autonomía, a los Ngäbes, a los ecologistas que defienden la naturaleza y el derecho a un ambiente sano, a las comunidades afectadas por proyectos mineros, hidroeléctricos o turísticos residenciales.

No es la intención iniciar con una exposición histórica ni reclamar específicamente sobre culpables (aunque hay que hacerlo: más que irresponsablemente al no ser víctima, pedir “olvido, pasar la página y ver hacia adelante”). La intención es prevenir desde un inicio contra el peligro de enfocar el tema de los derechos humanos estrictamente en la coyuntura: el actual gobierno autoritario, concentrador de poder, violador de derechos, abusivo, discriminador y asesino, actuando alrededor de una o varias leyes o decretos, perdiendo de vista el carácter estructural de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, es más, la construcción del modelo de país que tenemos a partir de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El tema de derechos humanos no surge directamente de las inquietudes expresadas en foros anteriores, aunque tampoco le resulta extraño. Nace directamente de la coyuntura, y allí radica tanto su virtud como su peligro, de los sucesos ocurridos en julio de 2010 en Changuinola, junto a las persecuciones de dirigentes sociales en todo el país a raíz del conflicto por la existencia, contenido y aplicación de la Ley 30 en materia laboral, ambiental y de procedimiento penal a miembros de la Fuerza Pública, y el Decreto 537 que modifica la carta Orgánica de la Comarca Ngäbe Bugle, síntomas de una transición desde formas democráticas sin fondo democrático hacia formas violentas de mantener un modelo históricamente violento y poco democrático. El problema de fondo no es la ley, el problema de fondo es el modelo al cual la ley sirve.

Pero por qué tratar el tema de derechos humanos en un espacio llamado foro ideológico, ¿no es acaso contaminar con la política un pliego de buenos deseos para la humanidad?

Definitivamente no, porque los derechos humanos no son solamente una lista de buenos deseos, ni patrimonio exclusivo de burocracias nacionales ni internacionales, ni de aquellas organizaciones no gubernamentales de porcelana que no se atreven o no le conviene meterse en el centro del huracán, a confrontar directamente allí donde se decide vulnerar un derecho.

Los derechos humanos son el producto, llevado al mundo de lo jurídico, de aquellas luchas sociales que acompañadas de una visión sobre el ser humano, la sociedad, la naturaleza, nos han llevado para bien y para mal a este momento en que nos encontramos y del cual tenemos que tomar lo mejor para avanzar.

Los derechos humanos nos pertenecen, no son el obsequio de ningún gobierno, de ningún mandatario, quienes sí tienen la obligación de respetar y proteger tales derechos, donde entra la cuestión de la calidad del desempeño de los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) e instituciones (Defensoría del Pueblo, ministerios y tribunales específicos) en cumplir con tales obligaciones legales frente a toda la ciudadanía, para poder decir que vivimos en un verdadero Estado de Derecho, que es más que aquel en que el gobierno se dicta las leyes a su antojo e interés para luego decir que cumple la ley que el mismo se ha hecho a la medida, más que decir que tenemos una constitución que se cumple o incumple dependiendo de quien se beneficia, más que formalmente democrático, porque no toda elección mayoritaria es la mejor y así como las minorías no pueden imponer a la mayoría, tampoco éstas pueden someter a aquellas con el simple argumento de la cantidad.

Un verdadero Estado de Derecho es aquel en que se consagran, respetan y protegen los derechos humanos de la gente. Cosa que nunca hemos tenido ni estamos en camino de tener, esencial para que los seres humanos no se vean compelidos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, como advierte el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Otros muchos y variados elementos del discurso político dominante hay que desmitificar: que la democracia son elecciones, que la democracia es posible con ciudadanos sin derechos, que el Estado somos todos cuando las leyes y las instituciones se usan en beneficio de algunos, que el progreso está a 6 kilómetros en Bonyik, que desarrollo equivale a hidroeléctricas y minería, que somos algo distinto o superior al río, el bosque o la montaña, que el derecho es igual a justicia, que la ley es justa y hay que obedecerla aunque salgamos perdiendo para que otros ganen, que somos libres porque podemos circular aunque no tengamos la libertad de ejercer libremente nuestras libertades, deberes y derechos.

¿Por qué hablar de derechos humanos en un espacio llamado foro ideológico, invitando a considerar abiertamente su dimensión política? Porque la dignidad humana siempre ha estado alejada de la política en el país: no hay que olvidar también que negros, indígenas, asiáticos y otras razas prohibidas, fueron víctimas de la discriminación en el discurso y la práctica política de Arnulfo Arias Madrid. Que la intolerancia ideológica estuvo presente en José Antonio Remón Cantera y retoma su fuerza en el tiempo actual. Que se dieron desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante los gobiernos de Omar Torrijos y Manuel Antonio Noriega.

El problema de los derechos humanos no es una ley, es una ley que facilita la desposesión como parte de un modelo que se basa en utilizar el poder para desposeer sectores sociales de sus derechos ambientales, laborales, su derecho a la tierra y la protesta, su capacidad de resistencia ante el despojo en beneficio de grupos reducidos.

Un modelo también ejercido sobre otros pueblos del área, como darán testimonio los compañeros de Honduras y Costa Rica, desde realidades distintas, pero que nos demuestran el carácter regional y general del desprecio a la dignidad humana, la posibilidad de incorporar a nuestras luchas una perspectiva de derechos humanos, en lo político, en lo jurídico, en las calles, en los tribunales, en las montañas y en los medios de comunicación, así como la necesidad de reconocer que cada uno por separado en parcelas dentro de nuestros países y entre nuestros países, no podremos triunfar en una lucha contra un enemigo mayor a cada una de nuestras individualidades.

Dentro de los foros ideológicos se ha tratado el tema de la participación de los jóvenes en política y de la relación entre ésta y la ecología, ambas circunscritas al ámbito nacional, bajo la modalidad de diálogo entre el público y miembros de movimientos sociales, partidos políticos, colectivos, grupos estudiantiles, organizaciones temáticas, con el objetivo de establecer un espacio de relación entre sectores con contradicciones y puntos en común propios de la dinámica social y política del país, sin el afán de proclamar la unidad ni la uniformidad, sino simplemente conocer al otro para establecer las bases de puentes posibles.

Bienvenid@s tod@s, muchas gracias.

(1) introducción realizada por Ramón H. Benjamín M., de Manos & Cerebros
(2) foro realizado el 1° de octubre de 2010, en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, en Changuinola, Panamá