acción y opinión

Educación y Estado de Derecho

In derechos humanos, juventud on diciembre 3, 2010 at 10:37 am

Presentación en la Conferencia Educación y Derechos Humanos, realizada el 30 de noviembre de 2010, en ocasión de las actividades por el Día del Maestro, de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVe)

I. ESTADO DE DERECHO Y DERECHOS HUMANOS

1. El Estado de Derecho es una constante del discurso jurídico político, como el concepto de democracia, derechos humanos, entre otros.

2. Son conceptos de la ciencia social, caracterizada como toda ciencia por la posibilidad de equivocación y corrección en la búsqueda del conocimiento más objetivo posible de un fenómeno, dentro de la subjetividad social del trabajador.

3. Cabe discutir los conceptos, sobre la base de argumentos fundados en la razón, mediante un diálogo de saberes y visiones del mundo.

4. El Estado de Derecho es una idea, un elemento del discurso, del cual no cabe por tanto plantearse su existencia en términos absolutos, sino el problema de su realización a partir de lo que entendamos por el concepto, para verificar avances y retrocesos en la vigencia efectiva de los derechos ciudadanos que dan contenido real a una democracia. También hay que recordar que no existe Estado de Derecho en sí, sino individuos en diferentes instancias interpretando las normas de acuerdo a ciertos criterios, que llegan a ser considerados como ley.

5. Es un producto del imaginario liberal que surge en oposición al poder absoluto, caracterizado por la ausencia de libertades, concentración de poder e irresponsabilidad del Estado por la actuación de sus funcionarios, que en términos simples plantea

  • en sentido mínimo e histórico, supone la existencia de ley escrita y pública, promulgada por la autoridad competente, para regular eventos de la vida social, con aplicación a los hechos posteriores a su existencia, de manera transparente, por las instituciones correspondientes.
  • limitación de la actividad gubernamental a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca.
  • por ende la reivindicación de una serie de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, entendiendo como tales según la doctrina dominante los derechos civiles y políticos.

6. Panamá se proclama oficialmente como un Estado de Derecho en el Artículo 2 de la Constitución Política de la República de Panamá: el poder público es ejercido por el Estado conforme lo establecido en la constitución, por medio de los 3 órganos, (…) las autoridades están instituidas para (…) asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. te el Artículo 18 de la misma norma: Los servidores públicos son responsables por infracción de la Constitución y la ley, extralimitación u omisión en el ejercicio de funciones.

7. Desde la perspectiva constitucional se habla del desarrollo histórico del Estado de Derecho, desde el modelo liberal constitucional (formal, sobre derechos civiles y políticos, declarado insuficiente), democrático (sufragio universal, partidos políticos, procesos electorales, mecanismos de control sobre el poder), el Estado social (derechos laborales, limitaciones a la propiedad privada, intervención en la producción), de bienestar (prestación de servicios públicos) establecido en el siglo XX como mecanismos de contención de movimientos de transformación social, y se puede hablar de uno cultural (desarrollos constitucionales recientes en Suramérica). Podemos hablar también de un Estado de Derecho neoliberal, aunque no configurado a nivel constitucional sino en lo concreto, que enfatiza el marco de seguridad jurídica a la propiedad privada y libertad para los capitales, desregulación y flexibilización de sectores estratégicos para abrir los servicios sociales, el trabajo y los recursos naturales y culturales a la lógica de mercado, con la consecuencia de agudizar las desigualdades estructurales, los niveles de exclusión social, la negación de ciudadanía y la posibilidad de desarrollo democrático.

8. El conflicto con el Estado neoliberal está en el énfasis regulador y represivo y la anulación de posibilidades emancipatorias, en que los derechos humanos, todos, se concretan (o no) por la capacidad de acceder económicamente a la satisfacción de necesidades dentro del sistema de libre mercado, por tanto su aplicación conduce a la negación en la práctica de derechos fundamentales.

9. Desde una perspectiva del sistema legal, se distingue entre Estado de Derecho:

  • Por existencia de la Ley, sin embargo cualquier sistema autoritario tiene una ley, incluso a nivel constitucional.
  • Por origen de la Ley, pero el procedimiento y origen puede ser correcto, y violentar derechos fundamentales.
  • Por aplicación de la Ley, aunque la observancia de la ley solamente garantiza la existencia de las relaciones de poder reflejadas en la norma y no necesariamente algún valor positivo.
  • Por contenido de la Ley, pero los derechos pueden ser reconocidos en el derecho positivo, pero no existir en la vida social.

10. Por tanto, no todo imperio de la ley es un Estado de Derecho.

11. Una definición muy básica de derecho, una entre tantas posibles, lo define como el conjunto de principios y normas, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Cualquier concepto de derecho va a relacionarse con la producción y mantenimiento de un orden del sistema social, estabilidad en las relaciones dentro de tal sistema, es decir seguridad: ciudadana, social, nacional, humana, de las inversiones, entre otras.

12. Sociológicamente podemos dividir el derecho en 2 dimensiones según sus fines y resultados: regulatoria (por ejemplo el derecho corporativo transnacional) y emancipatoria (derecho internacional de los derechos humanos, aún considerando su acento moderno, occidental, eurocéntrico, necesitado de reformulaciones desde nuevas realidades) enfatizando siempre el carácter del derecho como producto social, ideológico, político, por lo que “la manera en que el potencial del derecho evoluciona, ya sea hacia la regulación o hacia la emancipación, no tiene nada que ver con la autonomía o reflexividad propia del derecho, sino con la movilización política de las fuerzas sociales que compiten entre sí (De Sousa Santos)”.

13. El problema de “qué derecho” conduce a la respuesta: derechos fundamentales, lo que no resuelve sino que traslada el problema al plantear qué es un derecho fundamental, o qué hace fundamental un derecho.

14. La doctrina liberal dominante habla de los derechos civiles y políticos, lo cual se refleja en las diferencias en la protección de los derechos, mucho menores cuando se refieren a los derechos económicos sociales y culturales, entre ellos el derecho a la educación. En este punto se encuentra el problema de su carácter programático, la realización progresiva de derechos, no exigibilidad, no justiciabilidad.

15. Nuestra tesis es que incluso en términos de derechos civiles y políticos, Panamá puede denominarse un Estado Constitucional de Derecho (requisito meramente formal, la existencia de una norma reconocida como superior en el sistema legal), una democracia política (caracterización estrictamente formal en el sentido minimalista de la democracia, es decir, realización periódica de elecciones), a su vez (esta democracia) restringida a opciones políticas dentro de un mismo marco ideológico, con graves deficiencias en el imperio de la ley y el respeto a los derechos tanto de minorías y/o mayorías.

16. Panamá, en sentido contrario a la reiterada presencia en el discurso jurídico y político de los conceptos, no es un Estado Democrático, un Estado de Derecho pleno, una democracia plena. Se podrá argumentar que ningún Estado en el globo lo es, que todos los Estados presentan deficiencias, que tales ideas permiten orientar acciones hacia un perfeccionamiento constante de la realidad, pero vale resaltar que enfocamos la dimensión de las carencias a partir de concepciones minimalistas de democracia y Estado de Derecho.

17. Nuestra tesis parte de la premisa que el individuo forma parte de una comunidad no solamente para asegurarse frente a otros, es decir, para tener limitaciones, sino para recibir beneficios de su participación en la comunidad.

18. Que la realización de los derechos económicos, sociales y culturales configura un estado de cosas que aparte de beneficiar per se al individuo, le permite participar de sus derechos civiles y políticos en una relación de igualdad, o por lo menos, menor desigualdad, respecto a quienes dominan la estructura económica y política de la sociedad.

19. Que el derecho a la educación es reconocido doctrinalmente como derecho fundamental, principalmente en un grupo humano (niñas, niños y adolescentes) que requieren atenciones especiales por sus condiciones específicas. Además es reconocido su papel en la realización de otros derechos.

20. Que el sistema legal no es solamente un conjunto de normas, sino un verdadero sistema que vincula instituciones y ciudadanos por una red de derechos y obligaciones correspondientes, facultades y responsabilidades, un sistema único, sobre el cual no tiene sentido lógico aplicar diferencias en la aplicación del derecho, y que el argumento económico (falta de recursos) no es suficiente al ver los indicadores de actividad económica y realizar comparaciones con otros países de características similares y resultados superiores en términos de realización de derechos, ciudadanía, democracia, Estado de derecho, conceptos profundamente relacionados unos con otros. Es decir, que el problema no está en la ausencia de recursos, en la producción, sino en la sobreexplotación y desigualdad en la distribución. Por lo tanto, solamente cabe la justificación ideológica a tal situación, el cálculo político sobre la ventaja económica.

21. Un Estado de derecho que solamente garantiza las libertades políticas formalmente reconocidas, necesarias pero insuficientes, los cuales solamente una mínima porción de la población tiene las capacidades de ejercerlos cabalmente, (cada día más restringidas por la realidad social y por la normativa), que ni siquiera garantiza los derechos civiles, mal puede llamarse Estado de derecho.

22. Que un Estado de derecho, democrático, se tiene que calificar en relación a todos los derechos humanos, de acuerdo al principio de indivisibilidad, interdependencia, integralidad de esta doctrina. Buscamos entonces la aplicación real o vigencia efectiva de leyes justas generadas legítimamente.

23. Una aclaración: nuestra visión sobre los derechos humanos parte del auto reconocimiento como entes materiales de un sistema social inserto en el ecosistema global; por lo tanto comprendemos como condición necesaria la protección de los derechos de la naturaleza como bien universal sobre el cual se desarrollan los procesos económicos, sociales y culturales, reconociéndose derechos relacionados, los cuales a su vez son condiciones imprescindibles para la realización efectiva de los derechos y libertades civiles y políticos, requisitos de una democracia sustancial y profunda. Esta inversión doctrinal proviene de una ubicación en la realidad material del ser humano y no se traduce en un intento de jerarquización entre derechos ni pretende priorizar, aunque efectivamente identifica bases y fundamentos materiales a todo el edificio teórico de los derechos humanos.

24. Si la idea de Estado de Derecho tiene determinado origen ideológico y político, que se ha mostrado insuficiente, entonces podemos descartarlo, condenarlo, olvidarlo, o desarrollarlo, ampliarlo, profundizarlo, como concepto en sí, frente al poder arbitrario y sin limitaciones.

II. LA EDUCACIÓN COMO DERECHO HUMANO

Breve preámbulo necesario: la visión de la educación en los planes estratégicos de gobierno

25. En la Visión Estratégica de Desarrollo y Empleo hacia el 2009, marco de las políticas públicas durante el gobierno PRD-PP del quinquenio 2004-2009, educación y salud se presentan como instrumento orientado al crecimiento económico, la productividad, la competitividad, es decir se le ve estrictamente desde la economía, expresando una visión de la sociedad y el papel del ser humano. Finalmente, también se le considera medio de generar “mejores ciudadanos”.

26. El Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014 es la hoja de ruta de la acción de gobierno en busca del objetivo general de lograr un crecimiento económico sostenido presentado por la alianza CD-Panameñista-Molirena-UP, como condición previa y necesaria al bienestar social. Habla de la calificación y especialización de la mano de obra con énfasis en los motores de crecimiento económico: turismo, agricultura para la exportación, servicios off shore, salud privada, servicios marítimos y sedes de empresas multinacionales.

27. Respecto a este último documento vale la pena resaltar un punto: reconoce el crecimiento económico de las últimas décadas señalando que el mismo no ha sido acompañado de capacitación a los trabajadores, con el resultado de “salarios relativamente altos (Ej., B/.312.00 al mes en manufactura, comparado con B/.217.00 al mes en Colombia y B/.134.00 al mes en China)” en un nivel normal de tasa de desempleo (6.2% en 2008).

28. Estas palabras se pueden traducir entonces, que la principal fuerza productiva (la comunidad) ha sustentado a pesar de las deficiencias reales señaladas al sistema educativo (las que sin embargo, no se encuentran únicamente a lo interno del mismo, ni siquiera principalmente), un crecimiento económico considerable que no se ha traducido en mejores condiciones de vida, y que por el contrario el sector empresarial, a pesar del incremento en sus ganancias y la pérdida de peso de los salarios en el conjunto de la economía nacional, considera que el pago que ofrece por la fuerza de trabajo es comparativamente alta, y propone transformaciones a la educación desde la óptica del capital y no los derechos humanos, para obtener mayores ganancias con el discurso de lograr bienestar a través del crecimiento, tesis del derrame la cual ha sido reiteradamente demostrada como falsa, totalmente asumida por el actual gobierno. Derechos humanos dentro del sistema educativo: educación (estudiantes), derechos laborales (docentes) y medio de realización de otros derechos (comunidad).

29. Derechos laborales: la crítica al desmejoramiento de las condiciones de trabajo docente hasta niveles “inaceptablemente bajos”, el derecho de los docentes a la organización, la negociación colectiva y a un pago justo, son considerados como parte fundamental el derecho a la educación en los desarrollos doctrinales. Los estándares mínimos en materia de derechos de los trabajadores son el derecho de sindicación, negociación colectiva y la huelga, desarrollados junto a temas como participación, jornada, salario, seguridad social, estabilidad, no discriminación y respeto a la dignidad humana.

30. En cuanto a la actividad gremial, se debe profundizar el paso de una conciencia reivindicativa, centrada en lo económico, hacia una conciencia de transformación de la sociedad, que incluye pero no se concentra en la anterior, ampliando la comprensión del proceso educativo en relación a todos los sujetos de la comunidad.

31. Derecho a la educación: se encuentra en estrecha relación con los derechos del niño, sin limitar su carácter universal, siendo desarrollado en distintos cuerpos de la normativa internacional de derechos humanos a partir de los siguientes principios:

  • universalidad y no discriminación.
  • obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria.
  • progresiva gratuidad de la educación secundaria y superior.
  • generalidad y diversidad de la educación secundaria, para atender distintas necesidades en distintos contextos sin perjudicar la formación general (integral) de los estudiantes.
  • apertura y accesibilidad de la educación superior.
  • primacía del interés superior del estudiante.
  • mejora continua de las condiciones materiales del equipo docente.
  • enseñanza especial para discapacitados.
  • deber de adoptar medidas para fomentar la asistencia y reducir las tasas de deserción.
  • administración de disciplina con respeto a la dignidad del niño.

32. El valor de los principios señalados toma sentido ante los objetivos consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos respecto a la educación: “la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz… debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz” además de “sus aptitudes y capacidad mental y física al máximo de sus posibilidades… respeto a sus padres, identidad cultural, idioma y valores individuales, nacionales y universales” así como al medio natural, en lo que se refiere al niño específicamente.

33. En la Observación General Nº1 del Comité sobre los Derechos del Niño (2001) sobre Propósitos de la Educación (artículo 29.1 de la Convención sobre Derechos del Niño), se señalan como objetivos de la educación el desarrollo holístico del niño, alrededor y en beneficio del niño, hasta el máximo de sus posibilidades incluyendo criterios de derechos humanos, identidad, integración e interacción positiva con la sociedad y el ambiente.

34. Cobra aún más sentido a la luz de los desarrollos doctrinales sobre el alcance de las normas, entre éstas:

  • se debe realizar una interpretación evolutiva del derecho en cuanto a los objetivos de todos los niveles de la educación, de cara a la ampliación del derecho hacia elementos no contemplados en los primeros pactos, por ejemplo, el tema ecológico.
  • la educación en todas sus formas y niveles debe considerar en primera instancia el interés superior del alumno. Se observa mayor trascendencia en educar a los niños en tanto que personas con derechos, no solamente educar en derechos humanos, y en lugar del niño tener que adaptarse a la educación disponible, se adapte “la educación al interés superior de cada niño” tomando en cuenta “el derecho de cada niño a ser considerado y respetado como diferente”.
  • la base de la obligación estatal respecto a la educación es su carácter de bien común y la escolarización institucionalizada es un servicio público.
  • la educación como derecho humano no puede depender del libre mercado donde el acceso lo determina el poder adquisitivo.
  • la educación centrada en la acumulación de conocimientos y el estímulo de la competencia “puede ser un grave impedimento para el desarrollo armonioso del niño”.
  • las consecuencias de negar el derecho a la educación no se pueden reparar retroactivamente, por lo que enfatiza en la responsabilidad financiera del Estado y la prioridad presupuestaria que debe tener la educación.
  • frente a la condición jurídica doble como derecho y servicio comercial adquirida por la educación desde finales del siglo XX, las estrategias internacionales y nacionales de desarrollo y educación deben observar la normativa internacional de derechos humanos.

35. Hay que subrayar la importancia del principio de interés superior del estudiante, pues es el que da sentido a la educación en cuanto proceso social y a la institucionalidad educativa, al reconocerse el papel esencial de la educación como medio de realización integral del ser humano. Tal visión a lo interno del derecho humano a la educación en específico, es consecuente con la centralidad que ocupa dentro del sistema de los derechos humanos el concepto de dignidad humana, y el objetivo de protección de la persona frente a toda forma de poder, además, esta interpretación es concordante con los principios de interés superior del niño (artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño) y respeto a las opiniones del niño (artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño), los cuales deben ser considerados en la elaboración y aplicación de políticas, programas y normas que afecten las condiciones y perspectivas de vida de los niños (como en efecto lo es el tema educativo).

36. Estos principios sobre derechos del niño, señalan la necesidad de considerarlos como personas con derechos en lugar de la tradicional percepción del niño (y en la educación, el estudiante) como objeto, así como favorecer los espacios que satisfagan el derecho del niño a expresar su opinión y participar en los asuntos que les afectan y a la vez, no supeditar los derechos de los niños a los intereses de los adultos. Una adecuada incorporación de estos principios a lo largo de todo el proceso educativo, en equilibrio con la participación de otros actores del mismo, fortalecen el respeto a los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad educativa, sin discriminación, desde una posición de igualdad y dignidad inherente como seres humanos, tanto en el sistema educativo como en todo el sistema social, incluyendo desde luego, el sistema productivo.

III. FINAL

37. Entendido en tales términos el “qué” de los derechos humanos vinculados al proceso educativo, sostenemos la tesis de la necesidad del derecho a la educación y los derechos económicos, sociales y culturales como necesarios para la construcción de un Estado de Derecho integral, democrático, de ciudadanías completas.

38. La intención de centrar la exposición sobre derechos humanos, en el Estado de derecho, en los derechos económicos, sociales y culturales, específicamente en el derecho a la educación en niños y adolescentes, en la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVe), surge al considerar el papel trascendental que pueden realizar los docentes en la construcción democrática de un país, lo que debe traducirse en un profundo sentido de responsabilidad sobre esta tarea, en una autocrítica sobre la sociedad y nuestro papel en ella.

39. Los aspectos resaltados apoyan la idea que solamente se puede construir democracia en el aula con democracia en el aula, participación con participación, organización docente ayudando a la organización estudiantil para la organización social: el joven debe ser visto como sujeto de derechos, las políticas públicas sobre niños y adolescentes deben orientarse al desarrollo de potencialidades y no preferentemente a la represión, que no significa otra cosa que la ausencia de inversión social en tiempo oportuno. A eso debe estar dirigida la acción docente organizada, de acuerdo al lema “Quien no se atreve a luchar, no merece educar”.

Bibliografía consultada:

1. Diccionario de la Lengua Española, en www.rae.es

2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

4. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador, 1988)

5. Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

6. Observaciones Generales 13 “El derecho a la educación” sobre el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/1999/10, 8 de diciembre de 1999, en el 21º período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)

7. Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación (Katarina Tomasevski, E/CN.4/2004/45, 25 de enero de 2004, en el 60º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos)

8. O’Donnell, Guillermo

  • Polyarchies and the (Un)Rule of Law in Latin America (1998)
  • Why the Rule of Law Matters, Journal of Democracy, Volumen 15, número 4, John Hopkins University Press (2004)
  • Algunas reflexiones acerca de la democracia, el Estado y sus múltiples caras, (2008)

9. De Sousa Santos, Boaventura: Sociología Jurídica Crítica, 1° ed., ILSA, Colombia (2009)

Ramón H. Benjamín M.

Manos & Cerebros

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